El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra da provisionalmente la razón a la CIG al suspender cautelarmente los servicios mínimos exigidos por la Subdelegación del Gobierno para la huelga de Valoriza. Ésta había fijado unos turnos durante el paro “abusivos e excesivos”, según consideraron desde el sindicato, y decidieron recurrirlos. De este modo, la plantilla de la empresa que se encarga del mantenimiento de la AP-9 y de la AG-57 (Puxeiros-Val Miñor) pudo continuar ayer una protesta, que concluye hoy en su tercera jornada, sin seguir los parámetros fijados por la representación del Ejecutivo central.
Desde la representación de los trabajadores, asumida únicamente por el colectivo nacionalista, celebran que se vea refrendada su denuncia, aunque sea de modo transitorio. Así, el delegado del colectivo Xaquín Agulla apunta que los servicios exigidos desde la Subdelegación “vulneraban os dereitos de folga”, en relación a que se fijaba un 80% de lo habitual para las tareas de conservación de ambas vías de alta capacidad. Además, agrega que la comunicación judicial, realizada ayer, “supón un serio varapau para o subdelegado, Delfín Fernández, que agora algo tería que dicir”, comentó.
De todas manera, Agulla reconoció que esta medida aún no es firme, si bien en la práctica supone la anulación de las indicaciones aportadas desde la Subdelegación para la realización de esta huelga. Sobre ella, el representante sindical quiso tranquilizar a los usuarios de ambas autopistas, asegurando que la plantilla está realizando unos servicios mínimos que garantizan la seguridad.
