La comunidad de propietarios del edificio Véteris Fase II denuncia “maniobras” desde el ayuntamiento, “en connivencia” con la promotora de la obra, para adjudicar el aparcamiento público situado en el subsuelo de la calle al margen del colectivo de propietarios. Los representantes de la comunidad afirman que desde hace meses, gobierno local y promotora mantienen reuniones con el objeto de modificar el convenio urbanístico que firmaron en el año 2005. Según este acuerdo, el Concello se comprometía a adjudicar la concesión del aparcamiento a la promotora.
Dado que dicho convenio fue impugnado y -según la comunidad de propietarios-, es posible que sea anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, “ambas partes se han puesto manos a la obra para buscar una salida que permita llegar al mismo resultado: otorgar el aparcamiento a la promotora, bajo una apariencia de legalidad”, denuncian.
Parking público
Este colectivo de propietarios explica que no se oponen al funcionamiento futuro del aparcamiento público, pero entienden que son los titulares de los elementos comunes del edificio, por lo que anuncian que de no contarse con ellos para la posible modificación del convenio, o del pliego de cláusulas que debe regir la adjudicación, “adoptaremos cuantas medidas sean necesarias para defender unos intereses que no son sólo nuestros sino también de todos los ciudadanos de Pontevedra”.
Los portavoces de los vecinos explican que en realidad no se está modificando el convenio, sino que se está formalizando uno nuevo, dada la importancia de los cambios que “pretenden introducir”.
Estas comunidades de propietarios han tenido acceso a un borrador de dicho convenio y entienden que “bajo un barniz de cierta legalidad, su contenido es aún más beneficioso para la promotora y, por el contrario, más perjudicial para los intereses de todos los ciudadanos de Pontevedra”. Argumentan que la intención parece la de facilitar la explotación del parking a la promotora, aún a costa de perjudicar los intereses generales.
Como ejemplo de “arbitrariedad” con la que se está actuando -exponen los portavoces- la compensación que habría que abonar a la promotora para el caso de que la concesión no fuese otorgada a ella, está basada en una valoración efectuada por los propios técnicos de la constructora, lo cual, “en sí mismo resulta escandaloso”.
Afirman además que para dicha valoración se ha tenido en cuenta el coste de todas las plazas de garaje, incluidas las que pertenecen a propietarios particulares, es decir, que se computan como un coste para la empresa las plazas que ha vendido, “pretendiendo cobrar dos veces por la misma cosa”.
“Está claro que se hace para inflar la cantidad final y hacer desistir a posibles interesados en la explotación del aparcamiento”, afirman.
Valoración “hinchada” e infracción urbanística
Otro ejemplo de “arbitrariedad” denunciado por estas comunidades de propietarios es que en ningún momento se ha contado con ellos, aunque desde la formalización de la escritura de división horizontal son los únicos interlocutores a tener en cuenta, por cuanto el futuro aparcamiento público debe utilizar elementos que pertenecen a la comunidad, tales como la rampa de acceso.
“Si esta actitud del ayuntamiento resulta sospechosa, más lo es el hecho de que en ningún momento del borrador del convenio se haga mención a la necesidad de que la promotora que ha realizado unas obras sin licencia (las que están bajo el subsuelo de la calle), debiera solicitar su legalización abonando además la sanción que le corresponda por haber cometido una infracción urbanística”, argumentan, para explicar que además de consentirle una valoración “hinchada” se le ha perdonado una infracción urbanística “con lo cual gana dos veces”.
“Parece que la concejala esté más preocupada por los intereses de la promotora que por lo de los vecinos”, critican.
