La decisión de la Consellería de Vivenda, todavía pendiente de confirmación oficial, de anular su plan residencial en O Burgo y Lérez, donde se proyectaba la construcción de 1.159 pisos, ha llevado al concello a emprender una búsqueda urgente de terrenos alternativos que ofrecer al departamento que dirige Teresa Táboas, con el fin de no perder esa inversión, que se cifraba en unos 47 millones de euros en cinco años. El gobierno local comparte con los vecinos de O Burgo y Lérez que las parcelas elegidas en su día por Vivenda en esa zona no "son las más adecuadas" y sostiene que "lo mejor es seleccionar suelo rústico en la periferia urbana". A día de hoy, el concello maneja al menos cinco espacios alternativos que cumplirían con los requisitos establecidos.
Aunque no hay ninguna decisión en firme, se trata en todos los casos de terrenos catalogados como rústicos, muy próximos a la ciudad y, por supuesto, sin edificar. Algunos de ellos ya habían sino analizados en su momento por la consellería, aunque descartados después en favor de Pasarón 1, Pasarón 2 y Carballedo (los tres polígonos ahora anulados por la presión vecinal y que sumarían esas 1.159 viviendas) y Ponte do Couto, que se mantiene en pie, con 867 pisos más.
Suelos alternativos
Así, según han confirmado fuentes municipales, esas cinco opciones se emplazan en la zona sur de Campolongo (entre el antiguo cuartel y el centro comercial de San Blas); amplias bolsas de terreno ubicado desde Valdecorvos hasta los límites de Monte Porreiro, siempre evitando este barrio, donde hace años se adoptó el acuerdo de evitar nuevas viviendas sociales; a ambos lados de la carretera de Ourense, sobre todo en las faldas de Montecelo; en el entorno del cementerio de San Mauro, e incluso en algún terreno cercano al barrio de A Seca.
Todas estas opciones, y alguna más que también se estudia, se ofrecerán a la Consellería de Vivenda para seleccionar los emplazamientos más idóneos y mantener la previsión de construir 2.026 pisos de protección, tanto de promoción pública como privada en la ciudad, dentro del Plan Sectorial de Suelo Residencial presentado por la Xunta. Las fuentes municipales consultadas admiten que "compartimos los criterios generales de la consellería, que apuntan a evitar la creación de urbanizaciones desconectadas de la ciudad (como fue el caso de Monte Porreiro en los años setenta), sino que estén integradas en el entramado urbano", pero en el caso de O Burgo "se falló al no negociar con el ayuntamiento y fue una ubicación desafortunada", de ahí que el concello se aliara con los afectados y la Xunta diera marcha atrás. Al margen de ese "fallo", la propuesta inicial de Vivenda para O Burgo apuntaba a "reordenar por completo todo el barrio, con la apertura de dos viales transversales de envergadura, una actuación que obligaría incluso a expropiar dos edificios levantados en la traza de esos viales. En todo caso, esta propuesta ya está anulada.
Pero la polémica surgida en O Burgo-Lérez ha dificultado el proceso de búsqueda de alternativas, toda vez que "la gente puede estar más sensibilizada y si no ve con claridad que el plan funciona bien y no generará problemas, volverá a surgir el conflicto y el plan irá rebotando de un sitio a otro". Por esta razón, el concello mantiene oficialmente en la reserva los posibles emplazamientos alternativos. Eso sí, se ha señalado uno de los puntos sí descartados. Se trata de un terreno rústico que rodea al instituto Torrente Ballester, hasta la PO-10, desestimado por su "complicada orografía.
Alegación del PP
Mientras el gobierno local (especialmente el BNG) se afana en encontrar terrenos rústicos que ofrecer a Vivenda, la oposición municipal insiste en reclamar la anulación total del Plan Sectorial. Así se pone de manifiesto en la alegación del PP al proyecto, cuyo plazo de presentación concluyó el pasado viernes.
Entre otras deficiencias, el PP sostiene que "el precio por metro cuadrados estipulado por el Plan para adquirir los terrenos expropiados está muy por debajo de los precios actuales del mercado en la zona, lo que supone un perjuicio económico para los propietarios afectados". También señala que "no se justifica la utilidad pública, cuando sólo el 2% de esas futuras viviendas serán de promoción autonómica para ser adquiridas por personas con bajos ingresos. El resto serán promovidas por particulares, y el 83% de ellas pueden ser adquiridas por familias con ingresos de 29.500 euros anuales y incluso un 15% restante, por personas con rentas superiores".
