El despacho de abogados valenciano José Ortega Ortega, que desde hace años se dedica a defender a los afectados en materia de deslindes de Costas, ha lanzado una ofensiva y plantea medidas urgentes para intentar frenar el desahucio, y posterior demolición, de la vivienda de la familia Aboal en O Burgo, Pontevedra, el próximo día 11.
Según informaban ayer desde este despacho, una de las iniciativas que han puesto en marcha es la petición de la suspensión del desahucio que han tramitado ante la demarcación de Costas en Pontevedra, la Dirección_General de Sostenibilidad de la Costa y la Secretaría General del Mar. Desde la oficina de José Ortega explicaban ayer que el pasado 4 de noviembre se reunieron con los responsables de estos dos últimos departamentos del Ministerio de Medio Ambiente para abordar las denuncias planteadas por este despacho de abogados ante el Parlamento Europeo en nombre de la Plataforma de Afectados por la ley de Costas. Una denuncia que se presenta por presuntos abusos en la aplicación de la normativa, que admitió a trámite Bruselas y a la que ahora sumarán el caso de la familia Aboal.
En este encuentro, una de las cuestiones que José Ortega reprochó a sus interlocutores fue el hecho de que "no tramiten las solicitudes de concesión que presentan los afectados cuya propiedad pasa a estar incluida dentro del dominio público por un deslinde, se limitan a guardarlas en el armario". Según explican, la directora general "se apresuró a afirmar que a partir de entonces se iba a impulsar la tramitación de estas peticiones".
Sin embargo, el caso de la familia Aboal es más grave, según el abogado, ya que a ellos "nadie les informó de que podían reclamar esta concesión". Por este motivo, hace unos días José Ortega presentó esta petición de concesión solicitando, con ello, la suspensión de todo acto que pueda frustrarla, especialmente un desahucio o un derribo.
Abuso
En su escrito dirigido a la directora general de Sostenibilidad de la Costa explican, además, que en la vivienda de O_Burgo vive José Antonio Aboal, su hija Patricia, su esposo y dos hijos de dos y seis años que se quedarían literalmente en la calle de ejecutarse la entrada en la vivienda aprobada por el juzgado de lo Contencioso número 2. "Desahuciar a una familia mientras está en trámite la solicitud de concesión administrativa constituye un abuso que usted debería evitar", explica a los responsables del Ministerio, por lo que pide la suspensión del mismo. De lo contrario, advierten de que se volverán a encontrar con la Policía sacando por la fuerza a dos niños o, lo que es peor, con los pequeños "pasando la Nochebuena en un cajero".
