La comisión municipal de Urbanismo acordó requerir al Ministerio de Defensa, que "derogue o anule" la orden que impone una franja de afección de 300 metros en torno al cuartel de la Brilat. El acuerdo suscrito por BNG, PSOE y PP solicita al ministerio que, en caso de no ser posible tal anulación, se "modifique o reduzca, por excesivo", el perímetro de seguridad, dejando fuera del mismo a los núcleos habitados y cualquier vivienda "legalmente construida".
No se trata de una alegación -explicó la concejala de Urbanismo, Teresa Casal- porque no es posible alegar la orden. Se trata de un "requerimiento o solicitud" ya que la norma de Defensa no está sujeta a exposición pública.
Casal declaró al término de la comisión de Urbanismo, celebrada ayer, que confía en la solicitud será "bien atendida" por el ministerio y que la propuesta servirá para "apaciguar los ánimos y no haya más problemas con los vecinos". De hecho, los colectivos de afectados de Pontevedra y de Vilaboa están organizando protestas contra el decreto de Defensa. "Creo que se puede reconducir la situación y que no habrá mayores problemas", declaró la teniente de alcalde.
La "empresa" militar
El Concello de Pontevedra no quiere conflictos con el ministerio, según explicó la concejala socialista. "La Brilat es una empresa muy importante para Pontevedra", explicó Teresa Casal, ya que representa 2.800 puestos de trabajo y muchas más personas que viven y consumen en el municipio, teniendo en cuenta las familias de los militares profesionales.
El portavoz del Partido Popular en la comisión de Urbanismo, Jacobo Moreira, explicó el voto favorable de su grupo a esta propuesta del equipo de gobierno porque "nos parece el camino a seguir, dialogar y negociar para poder llegar a un acuerdo".
El PP preguntó a la concejala de Urbanismo si se había puesto en contacto con el Ministerio de Defensa para instar una solución negociada al conflicto. Teresa Casal contestó que había hablado con el secretario de Estado de Defensa y con el subdelegado del ministerio en Pontevedra, para exponerles la posición del Concello.
"Nos parece el camino a seguir y por eso lo hemos apoyado", apuntó Jacobo Moreira, si bien el concejal conservador criticó que los responsables políticos del Concello no se hubieran "anticipado" al problema, dado que el ministerio solicitó información sobre esta cuestión en 2005, para "no dejar que esto se enredara más y más".
Sobre esta vieja solicitud de información, Teresa Casal explicó que la zona a la que el ministerio se refería en su pregunta era la calificada como suelo rústico común o de protección forestal, aunque en el plano presentado entonces no se incluían los núcleos de población que ahora han quedado afectados, concretamente O_Casal, Muimenta, Nabalexo y A_Armada.
Casal explicó que realmente esta cuestión nunca se trató en una comisión de Urbanismo, por que era una solicitud de información "pura y dura", o lo que es lo mismo, una cuestión de trámite que no requería una determinación política de los entonces responsables de Urbanismo.
El acuerdo remitido al Ministerio de Defensa es el aprobado también por el pleno de la corporación del pasado 24 de octubre. En este acuerdo se estableció que en caso de no recibir una respuesta favorable del ministerio, se acudirá al recurso contencioso-administrativo.
