Los propietarios de terrenos incluidos en el perímetro de seguridad de la Brilat no aceptan el cobro de indemnizaciones como solución. Únicamente admiten la desvinculación de sus casas y terrenos de la franja de afección impuesta por el Ministerio de Defensa. "Propoñer indemnizacións aos afectados non é serio, non o admitimos en absoluto; o único que quere a xente é que non se vincule as súas propiedades a esa zona de afección", afirmó Ramón López Laxe, integrante de la comisión gestora de los afectados de Salcedo. Este organismo se reúne hoy para su constitución formal. Tendrá al menos un representante por cada barrio y lugar afectado por la ordenanza de Defensa.

López Laxe, que actúa como portavoz de los vecinos, explicó que si estas propiedades (aproximadamente un centenar en la parroquia de Salcedo) quedan sometidas a la ordenanza de 1975 recuperada ahora por Defensa, los terrenos verían muy mermado su valor, por eso los vecinos no están dispuestos a asumir el pago de ninguna indemnización puntual por las "molestias" que les cause quedar afectados por la franja de seguridad del cuartel. "Non queremos compensacións, queremos que a franxa de seguridade a poñan dentro do seu recinto, non fora", explica el portavoz vecinal.

El colectivo de afectados continúa preparando las alegaciones a la norma que están dispuestos a presentar en forma de recurso contencioso-administrativo. Hasta el próximo 8 de diciembre pueden hacerlo.

Por otra parte, la Comunidad de Montes de Salcedo, que también se integra en esta comisión de perjudicados, mantendrá hoy una reunión con el subdelegado de Defensa en Pontevedra, para "testimoniar nuestra oposición al tema", como adelantó el presidente de este colectivo, Pastor Torres.

Los directivos de la comunidad de montes han recibido además la copia del informe que el ayuntamiento de Pontevedra ha elaborado sobre este proceso, que será analizado por los asesores legales de la entidad.

Ambos colectivos de Salcedo se han puesto en contacto con los afectados del vecino municipio de Vilaboa, para entablar acciones conjuntas.

La Comunidad de Montes de Vilaboa ha convocado su asamblea general para el próximo 23 de noviembre, mientras que la de Figueirido ya decidió presentar un contencioso contra la orden de Defensa. La misma determinación se ha tomado en los ayuntamientos de Pontevedra y Vilaboa, por la unanimidad de sus corporaciones. Los recursos de instituciones y colectivos vecinales serán independientes.