La movilización social contra la decisión del Ministerio de Defensa de "blindar" el cuartel de la Brilat con una franja de seguridad de 300 metros comienza a tomar cuerpo y ganar fuerza. Más de 300 vecinos de Salcedo (la parroquia pontevedresa más afectada) acordaron ayer, en una nutrida asamblea, movilizarse de forma unánime y, además, crear un frente común con los residentes del otro municipio más perjudicado, el de Vilaboa. Para ello, ya se han mantenido los primeros contactos previos y en los próximos días se concretará esta alianza, con el objetivo de trasladar a Defensa una única voz en demanda de la anulación de esa decisión o, cuando menos, que el centenar de casas y numerosas propiedades incluidas en esa franja de 300 metros de ancho en todo el perímetro militar queden eximidas de las nuevas condiciones impuestas desde el ministerio.
Pero la intención de los afectados no se queda ahí. Su idea es extender esta movilización a todos aquellos vecinos que, de una forma u otra, se puedan sentir perjudicados por esta zona de seguridad. Para ello, se apuesta por incorporar a este frente común a residentes en Marín (ya que parte de la franja también entra en este municipio, aunque aparentemente no con tanta gravedad ya que no habría casas) y a Lourizán, una parroquia colindante con Salcedo y que podría tener alguna zona forestal sometida a las nuevas condiciones.
La asamblea de ayer estaba previsto celebrarla en el local de la asociación de vecinos en Cabanas (Salcedo), pero la avalancha de asistentes obligó a trasladar la multitudinaria reunión al aire libre, hasta pasadas las 22.00 horas. Ramón López Laxe, presidente de la asociación de vecinos "Heroes do Campo da Porta" explicó al término del encuentro que la primera medida ha sido crear un comité de afectados (con una quincena de miembros) en el que están representados casi todos los barrios de la parroquia "ya que Salcedo entero, de una u otra forma, está afectado, si no es con casas, es con fincas" o incluso con la propiedad comunal del monte.
Gran indignación"
El propio López Laxe dejaba claro que "la gente está indignada, porque ya no es únicamente que haya que hacer mil trámites para realizar obras en casa, es que sólo por el hecho de que vaya un antenista a tu domicilio, pueden aparecer los soldados con la metralleta en la mano preguntando qué pasa; y que la antena no les produzca interferencias, porque te quedas sin ella". La cita de ayer sirvió para poner sobre la mesa una gran variedad de acciones. Desde concentraciones a viajes a Madrid para "plantarse" ante el ministerio. Pero de momento, lo único confirmado es que el próximo martes se reunirá la comisión gestora, con el fin de dar los primeros pasos para formalizar la "alianza" con Vilaboa.
Curiosamente, ese mismo día, la directiva de la Comunidad de Montes de Salcedo tiene cita en la Subdelegación de Defensa de Pontevedra, a la que acuden, en principio, con una única meta: solicitar la derogación de la franja de seguridad, algo difícil de obtener a la vista de las declaraciones de la ministra Carme Chacón en el Congreso, donde dijo que esa afección en una "necesidad objetiva".
El presidente de los comuneros, Pastor Torres, asistió a la asamblea de ayer y se sumó a la comisión gestora, pero la cita del martes con el subdelegado de Defensa será únicamente con los comuneros, y no con el resto de la agrupación vecinal. Torres explicaba ayer que "la única solución que vemos" es que se derogue la orden "porque estamos hablando de una franja de seguridad, núcleos que se adentran mucho en esa franja y no habría así una solución práctica. Lo mejor que se puede hacer es una derogación de la ley, que quede sin efecto, y así quedaríamos todos contentos y dejaríamos de perder el tiempo con esta preocupación que tenemos". "Ellos -prosigue- continuarían con su actividad, que nos parece correcta porque nada tenemos contra el Ejército, simplemente que nosotros no podemos estar continuamente sufriendo las consecuencias, pagando un canon a mayores por esta base".
