Una nueva ordenanza municipal, que regulará el uso de los espacios públicos y sancionará las agresiones al mismo, se propone lograr en Pontevedra lo que es un comportamiento natural para los ciudadanos de otras culturas: proteger lo que es de todos y que todos velen por su cuidado. La norma que hoy analizará la comisión de Ordenación do Territorio en el ayuntamiento se ocupa de forma genérica de todos aquellos asuntos que afectan al uso de la vía pública: aparcamientos, carga y descarga, terrazas, obras, "botellón"... Cada una de estas cuestiones cuenta con su propia normativa, pero la nueva ordenanza trata de ser una ley general para el uso adecuado de los espacios que pertenecen a todos los ciudadanos. Sus propios representantes, tanto a través de la corporación municipal como mediante las asociaciones de vecinos, sociales, culturales, y también los colegios profesionales, serán quienes desarrollen la normativa y hagan aplicar las sanciones establecidas. Se creará para ello un "Consello Municipal de Usos e Protección dos Espazos Públicos".
Contrapartidas
La ordenanza exige a los ciudadanos un uso responsable de la vía pública, pero a la vez ofrece mecanismos para que el ayuntamiento tenga mayor diligencia en su cuidado. Así, el concello se compromete a crear un servicio de intervención rápida para reparar de forma urgente cualquier daño o acto vandálico que se detecte, según anunció el concejal responsable del área, César Mosquera.
La normativa es tan novedosa como amplia. El anteproyecto que ahora debe ser sometido a información pública y pasar por toda la tramitación administrativa habitual, se desarrolla a lo largo de un centenar de hojas con casi 50 artículos.
Abarca asuntos como la ocupación de las vías, la señalización, el mobiliario público, el uso de la calle por los distintos tipos de vehículos, criterios de movilidad, zonas verdes, espacios naturales, rótulos, toldos, publicidad... Y todo ello tanto en lo que se refiere a los usos permitidos como a las restricciones, prohibiciones y las sanciones correspondientes a cada incumplimiento de la norma.
Se contemplan multas que pueden ir de los 300 a los 3.000 euros como norma general, al margen de lo que puedan determinar normas superiores para cada situación.
Los técnicos municipales han trabajado en esta ordenanza durante los últimos dos años. Supone el primer intento de clasificar los espacios y su tratamiento.
El concejal César Mosquera explicó al presentar este catálogo que la norma se basa en una idea que aunque obvia debe ser recordada, "que los espacios públicos no son del ayuntamiento sino que son de todos los ciudadanos y que la administración es una mera gestora de los mismos".
