Los promotores y/o impulsores del corte de la vía del tren en Portas (en protesta por la desaparición de esa estación con la entrada en funcionamiento de la variante del AVE) tendrán que hacer frente a sanciones que podrían llegar a 3.000 euros por incumplir la Ley Orgánica de reunión que establece tiempos y plazos para las concentraciones en espacios de tránsito público, según confirmó ayer el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández.
"Hay unas personas que, tal y como establece la Ley, han sido impulsoras o promotoras de una concentración ilegal y cuando llegué el informe de la Guardia Civil se nombrará un instructor del expediente y se verá la infracción", precisó el subdelegado. En función de esa infracción se determinará el alcance de las sanciones "sea el alcalde o sea otra persona", advirtió Delfín Fernández en relación a la participación del regidor de Portas, Roberto Vázquez, en la movilización del sábado.
"Los alcaldes cuando prometen o juran su cargo", recordó el representante del Gobierno central en Pontevedra, "prometen o juran cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que la desarrollan, por tanto que cada cual asuma las consecuencias de sus actos". A propósito de las cuantías de las sanciones, confirmó que la Subdelegación puede establecer multas "desde 300 a 30.000 euros, pero pongamos que serán de 300 a 3.000 en la práctica, eso lo determinará el instructor del expediente".
Sólo a los impulsores
También confirmó que no se multará a todos los participantes sino específicamente a los organizadores del corte de la vía. "No se va identificando uno a uno, la propia ley establece que serán los impulsores, promotores, las personas que leyeron comunicados o ha hecho declaraciones, pero cuando hay una concentración de 150 o 200 personas la Guardia Civil no va uno por uno sino que serían los impulsores y promotores los responsables", matizó.
Negó tajantemente las declaraciones de los vecinos en el sentido de que el alcalde y ellos mismos se habían sentido amenazados por la actuación de las fuerzas de seguridad. "Nadie amenazó a nadie", afirmó el subdelegado, "simplemente le llamaron desde el cuartel porque nosotros teníamos dudas de que un viernes pasadas las tres de la tarde recibiesen nuestro comunicado, por eso a través de la Guardia Civil se les ha comunicado la resolución del subdelegado, porque el corte previsto era para el día siguiente".
Delfín Fernández insiste en que la actuación de la Guardia Civil fue "ponderada en todo momento y al final ha habido una ocupación de la vía de sólo unos minutos". Los participantes en la protesta comunicaron su intención de cortar la vía "el viernes casi a última hora, cuando presentaron un escrito diciendo que la iban a cortar e inmediatamente hicimos una resolución con dos leyes orgánicas en la mano, que son claras en tiempo y forma sobre las concentraciones o manifestaciones en espacios de tránsito público", indicó el subdelegado del Gobierno.
Estas protestas han de ser comunicadas "con 15 días de antelación como mínimo y 30 como máximo, la autoridad gubernativa en ese plazo tiene que hacer gestiones, como ponerse en contacto con el concello correspondiente, recabar el informe de Tráfico si se trata de una vía interurbana o de la Policía Local si es urbana, pero en este caso es una vía de ferrocarril y me pregunto hasta qué punto una vía de ferrocarril es un espacio de tránsito público". Delfín Fernández tampoco ocultó su malestar por las formas de los participantes en la protesta: "En este caso además simplemente se le dice al subdelegado "vamos a cortar la vía" ¿ustedes creen que una comunicación de manifestación puede ser simplemente vamos a cortar la vía?".
