21 de julio de 2008
21.07.2008

Los vecinos de Portas que cortaron la vía del tren se enfrentarán a sanciones, según el subdelegado del Gobierno

Delfín Fernández explicó hoy que "hay unas personas que son impulsores de una concentración ilegal, por lo que se nombrará un instructor de expediente y se verá la infracción correspondiente".

21.07.2008 | 20:12

El subdelegado del gobierno en Pontevedra, Delfín Fernández, prevé sanciones para algunos de los 150 vecinos de la localidad pontevedresa de Portas que se concentraron el pasado sábado para reclamar al Ministerio de Fomento un servicio de cercanías cortando la vía al paso del tren regional, pese a la advertencia de la Subdelegación del Gobierno de que se trataba de una convocatoria "no autorizada".

Delfín Fernández explicó hoy que "hay unas personas que son impulsores, promotores de una concentración ilegal y cuando llegue el informe de la Guardia Civil se nombrará un instructor de expediente y se verá la infracción correspondiente". No obstante, incidió en que "se prevén sanciones en virtud de la infracción cometida, sea el alcalde o sea cualquier otra persona"

Además, el subdelegado advirtió de que "el alcalde cuando promete o jura su cargo, promete cumplir y hacer cumplir la constitución y todas sus leyes, me estoy refiriendo a la Ley orgánica de derecho de reunión y la ley de seguridad ciudadana, así que cada cual asuma las consecuencias de sus actos".

Fernández explicó que lo ocurrido el sábado en Portas "es un caso muy claro, el viernes casi a última hora presentan un escrito donde nos advierten que van a cortar la vía del ferrocarril e inmediatamente hacemos una resolución donde advertimos del incumplimiento claro y notorio de dos leyes, y no sólo en el tiempo y la forma, sino que el objeto de la reunión era un ilícito"

"Se le dice al subdelegado: vamos a cortar la vía del ferrocarril. ¿Ustedes creen que el objeto de una concentración puede ser un ilícito y hasta qué punto es este un espacio de tránsito público?", declaró el subdelegado.

Asimismo, hizo referencia a las amenazas denunciadas. "Aquí nadie ha amenazado a nadie, simplemente se les llamó a través de la Guardia Civil para notificarles la resolución del subdelegado, porque nosotros teníamos dudas de que un viernes a las tres y pico de la tarde recepcionasen el fax nuestro. En todo momento hubo una actuación ponderada de la Guardia Civil", justificó.

Las cuantías de las sanciones oscilan desde los 300 hasta los 3.000 euros, que determinará el instructor del expediente

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