La situación en la sanidad pública gallega fue uno de los temas sobre los que giró la reunión de ayer del comité de dirección del PP de Pontevedra.
El secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda, acusó al Gobierno gallego de mantenerse en la "inactividad" frente a la situación crítica en la que, a juicio de los populares, está sumido el Sergas. Animó a los ciudadanos a no creerse las "mentiras" del ejecutivo autonómico, quienes "sólo reconocen los problemas cuando el PP los denunció".
Ana Pastor exigió al gobierno gallego que ponga en marcha un plan de medidas urgentes para atajar esta situación y que la calidad del sistema de salud gallego vuelva a los niveles de, al menos, hace tres años. Según Pastor, los propios ciudadanos y profesionales han podido constatar que estos estándares de calidad han "retrocedido" desde que los populares abandonaron el Gobierno gallego. Para Pastor, las medidas pasan, en primer lugar, "por la transparencia" ya que "a día de hoy, como ciudadana, desconozco cuál es el tiempo de espera para realizar determinadas pruebas diagnósticas. Animaron a los ciudadanos a exigir que se les dé una cita cuando acuden al Sergas, ya que "tienen derecho a ello".
Alfonso Rueda también se refirió a la situación económica y al "preocupante" aumento de las cifras del paro. Explicó que Galicia padece un problema añadido con la calidad del empleo por el elevado número de eventuales. El presidente provincial, Rafael Louzán, recordó que la situación de recesión económica fue advertida hace tiempo por el PP y que el gobierno "miró para otro lado". Rueda instó al ejecutivo socialista a abandonar la "autocomplacencia" y tomar cartas en el asunto.
Con respecto a las normas del hábitat, asegura el PP que comparte el "fondo" de la propuesta pero que está "mal planteada, ejecutada y hecha de espaldas a los afectados". Criticó la actuación de los grupos políticos que sustentan el Gobierno gallego en la Diputación de Pontevedra. El BNG mostró, dice Rueda, una "cerrazón" total al diálogo y el PSOE un cinismo tras marcharse y no debatir este asunto cuando varios de sus alcaldes rechazaron la normativa de Vivenda.
