08 de abril de 2008
08.04.2008

Opositores al plan de la PO-531 solicitan la implicación de grupos políticos y alcaldes

08.04.2008 | 02:00
Última protesta de los afectados por el proyecto de la PO-531. / gustavo santos

La plataforma de afectados estudia nuevas medidas de protesta, para las que pedirán autorización

El silencio de Política Territorial sobre la modificación del proyecto de la PO-531 (entre Vilagarcía y Pontevedra), está acrecentando el malestar de los vecinos y afectados de las parroquias por las que discurre el vial. Esa es la razón por la que -según el portavoz del colectivo, Manuel Corredoira- cada vez son más las personas que acuden a los actos de protesta contra la ampliación de la calzada.
A los vecinos les "indigna" la "falta de diálogo" y el "desprecio" que según Corredoira muestra la consellería. Por eso el colectivo de afectados solicitará un pronunciamiento de los grupos políticos gallegos sobre su reivindicación, así como la intervención de los alcaldes de Pontevedra y Barro en el conflicto. "Que digan algo e que interveñan ante a consellería", reclamó Corredoira.
Este silencio de la Xunta supone "un peligro para todos", manifestó el portavoz de los afectados, quién asegura que cada vez son más los vecinos molestos con la actitud de la consellería, lo que puede desembocar en reacciones "que nadie desea". Corredoira recordó que si en las primeras movilizaciones era un pequeño grupo de personas el que acudía a las convocatorias de la plataforma, en la protesta del pasado viernes "eran ochocientas o mil, y esto sigue creciendo".
Al margen de reclamar la intervención de los representantes directos de los vecinos (alcaldes y grupos municipales), los afectados están dispuestos a continuar con las movilizaciones de protesta contra el proyecto vigente. Si en la movilización del pasado viernes se detuvo el conato de corte de tráfico en la carretera, por la advertencia del subdelegado del Gobierno en Pontevedra respecto a que no permitirá acciones de protesta ilegales, este tipo de actuaciones se repetirán pero cumpliendo las exigencias legales. Así, las nuevas protestas se comunicarán con diez días de antelación a las autoridades, como exige la ley.
Reunión
En una reunión que prevén mantener hoy los principales portavoces de la plataforma de afectados, se estudiará solicitar autorización para estas protestas. Los vecinos se evitarán así las sanciones administrativas anunciadas por el subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, en caso de no seguir los cauces legales.
La propuesta que llevará el presidente del colectivo a la reunión es fijar el viernes de cada semana como día de movilizaciones en la carretera, cada semana en un punto, si bien también se estudiarán otras alternativas.
Por otra parte, el presidente de la plataforma, Manuel Corredoira, asegura haber recibido numerosas solicitudes de sus vecinos e incluso de otros colectivos para que continúa al frente de la asociación, a pesar de la amenaza de dimisión que realizó el pasado viernes, condicionado por los desacuerdos mostrados en la protesta celebrada en Curro, donde un grupo de vecinos optó por cortar la vía en contra de la opinión del presidente y de su directiva.
Corredoira reaccionó dimitiendo en el acto, si bien el apoyo demostrado por numerosos vecinos y empresarios de la zona le han hecho replantearse la decisión en los días posteriores.

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