El Concello de Ourense acaba de recurrir en apelación, ante el Tribunal Superior, un auto judicial de suspensión cautelar de la demolición de un edificio en calle Orcellón, 1 de la ciudad, que deja a sus propietarios sin vivienda argumentando que no hay motivo para que no se lleve a cabo inmediatamente".

En ese auto que retrasa la demolición, el propio juez reprocha al Concello que ni siquiera haya iniciado un expediente para estudiar las indemnizaciones a las que tienen derecho esos vecinos, a los que además, va a pasar la factura del coste de demolición de su piso, pese a que estos vecinos que se van a quedar sin casa, son de avanzada edad y de precaria salud.

Antonio Feijóo Miranda, letrado de los propietarios del inmueble sentenciado de demolición, califica de "impresentable" este recurso presentado por el Concello, máxime cuando estos propietarios adquirieron un edificio que años después se convirtió en ilegal y ahora hay que demolerlo, por la caída del PXOM de 2003, que fue anulado por sentencia por los graves fallos que cometió en la tramitación del plan el propio ayuntamiento.

"Como los ajusticiados a quienes se obliga a cavar su propia fosa, el acuerdo municipal que el juez ha suspendido cautelarmente obliga a los vecinos, legítimos adquirentes de las viviendas del edificio, a pagar los gastos de la demolición. Además de perder sus viviendas tendrán que sufragar el coste del derribo. Una verdadera atrocidad jurídica",denuncia Antonio Feijóo.

El auto judicial que acuerda la medida cautelar es sumamente expresivo, explica, "reprocha al Ayuntamiento de Ourense no haber siquiera iniciado un expediente para determinar las indemnizaciones debidas a mis clientes y a los demás propietarios del edificio, quienes son perjudicados como consecuencia de la anulación de una licencia que en su día otorgó el Ayuntamiento. Tiene en cuenta el juzgado que se trata de personas en precaria situación de salud, de avanzada edad".

Añade el letrado que "la única razón por la que dicha licencia fue anulada en su es la previa anulación del Plan General de 2003, por adolecer de gravísimos defectos de tramitación, únicamente imputables al Concello". Además, prosigue, "según la Ley de Vivienda de Galicia no es posible llevar a cabo el derribo de una vivienda a consecuencia de la anulación de una licencia sin antes indemnizar a su propietario,". Lamenta que la decisión de los ediles de la Junta de Gobierno del Concello "muestra una indiferencia total y absoluta, y agravar el perjuicio ya causado a estas personas, que adquirieron sus viviendas de buena fe, sin advertencia de ningún tipo de ilegalidad en el Registro de la Propiedad, y que se enfrentan ahora a un proceso judicial para combatir su derribo y el coste de llevarlo a cabo".

Alega el letrado que "el asunto es de extrema gravedad porque demuestra hasta qué punto llega la iniquidad de la actuación del Ayuntamiento y la falta de total responsabilidad para con los ciudadanos perjudicados por el caos urbanístico generado en la ciudad".