Ricardo Campo Labrador, concejal de Urbanismo de Ourense del PP, entre 1999 y 2003, está acusado junto al exalcalde Manuel Cabezas (1995-2007) por eximir a determinados promotores de las cesiones urbanísticas de al menos el 10% del aprovechamiento de esas iniciativas privadas para un fin público. La Fiscalía y la acusación popular, que ejerce la exedil del PSOE Áurea Soto, solicitan siete años de cárcel, largas inhabilitaciones e indemnizaciones millonarias. El exconcejal defiende su inocencia y solicita su absolución en el juicio.
Su abogado, Jorge Temes, alega en primer lugar que los hechos estarían prescritos desde 2013. Soto denunció el año siguiente. En su cometido como concejal de Urbanismo -añade el letrado-, "propuso a la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense la aprobación de diversos proyectos de compensación". Campo Labrador alega que "todos ellos cuentan con los preceptivos Informes Técnicos y jurídicos que avalan la licitud de su aprobación". Además recuerda que en diciembre de 1994, siendo alcalde Manuel Veiga Pombo -cuya declaración como testigo propone- hubo un acuerdo plenario aprobado por mayoría absoluta, con una sola abstención, "en base a sendos informes emitidos por el secretario general de la corporación municipal, Mariano Rodríguez Gutiérrez, de fecha 6 de junio de 1994 y de 3 de octubre de 1994, que establecían la licitud de aprobación de los proyectos de compensación, sin la exigencia del aprovechamiento urbanístico".
