"No nos vamos de aquí porque no tenemos otro lugar donde vivir", responde con desgana una de las nueve personas que ocupan uno de los puestos de la plaza de abastos de As Burgas, mientras se escabulle recelosa por una entrada que les ha habilitado la empresa que reforma este mercado tradicional, para proteger la integridad de estas personas mientras hacen la obra.

La familia okupa de la plaza ha crecido. "Ahora son ya nueve los que se han atrincherado, están en un puesto que queda en pie, en pésimas condiciones. Antes eran cinco o seis, y creemos que es un efecto llamada y vinieron más para ver si les cae algo, porque insisten en que quieren una vivienda y dinero. y realmente están afectando el calendario de ejecución de la obra", indican fuentes del gobierno local.

El juez ha declinado adoptar medidas cautelares como le pedía el Concello de Ourense para desalojarlos, y no ha respondido al recurso por el ayuntamiento. "Claro que están retrasando los plazos de la obra, de hecho la empresa tenía que haber vaciado ya el interior, tenía que poner unos andamios para reforzar los muros exteriores del edificio civil del mercado, y no puede hacerlo porque se puede poner en riesgo la integridad de los ocupas", explica la edil de Comercio, María Dibuja.

Tras las primeras comparecencias públicas, los okupas prefieren no hablar. María del Carmen, una de las personas que ocupó hasta hace pocas semanas ese puesto abandonado de la plaza, reconoce que "muchas personas estaban esperando por una vivienda, es que no tenemos donde vivir ni ingresos y el albergue no es un sitio adecuado. Pero yo no esperé tuve que huir y esconderme por problemas personales con el que era mi pareja" explica. Afirma que "ahí estuvimos y la gente no se movió ni durante la pandemia. Nadie quiso dejar el lugar para no perder sus derechos", añade.

Desde la Asociación de Comerciantes de plaza de abastos insisten en que en la zona del rianxo y en algunas propiedades del entorno de la plaza siguen sufriendo robos, y culpan supuestamente a las personas okupas que viven en ese antiguo puesto de la plaza, la mayoría con largo historial delictivo y en algún caso por menudeo de drogas o robos.

El último plazo que les dio el Concello para desalojar, bajo amenaza de enviar a funcionarios para hacerlo, remató a finales de junio. Solo el juzgado puede solucionar que siga adelante una obra de interés público porque el Concello no ve factible conseguir una vivienda gratuita para nueve personas.