Entre el 11 de enero y finales de febrero, la Audiencia Provincial celebra el juicio contra 9 traficantes y 4 policías de Ourense acusados de presunto trato de favor a cambio de chivatazos para conseguir incautaciones entre la competencia. Es la operación Zamburiña. El exjefe de la unidad, Antonio R. F., sostiene que el caso partió de un anónimo con falsedades remitido en noviembre de 2014 a Asuntos Internos. También asegura que usaron sus claves y las de otros agentes para dar apariencia de veracidad a dicho escrito, que puso a la comisaría de Ourense en el foco, desatando una gran crisis que a nivel judicial aún colea. Por eso, su abogada defenderá la nulidad de la Zamburiña como cuestión previa, además de plantear su inocencia en el juicio de principios de 2021. Aún en fase de instrucción, a la espera del resultado de periciales pendientes, continúa la causa que investiga el presunto asesinato de un agente, Celso B. A., en abril de 2016, una muerte de un disparo en la cabeza, con una de las seis armas robadas, por la que continúan investigados sus amigos y compañeros Bernardo y Roy D. L., inspectores y hermanos gemelos. Antonio R. F. vuelve a ejercer como parte acusadora en este otro procedimiento. Tras ser apartado hace meses por la Audiencia como acusación particular, el exjefe antidroga ha decidido personarse como acción popular. La jueza del caso, Eva Armesto, lo admite tras establecer una fianza de 3.000 euros.

Así, se suma como parte a la acusación particular que representa a la familia del fallecido, a la Fiscalía y a la defensa de los investigados anticipa que recurrirá la presencia del exjefe antidroga en el procedimiento, "porque es totalmente contraria derecho al tratarse de una utilización espuria del ejercicio de la acusación popular", expresa Neil González.

Ser parte en un procedimiento que no está bajo secreto de actuaciones concede acceso a todas las diligencias practicadas y, permite, además, instar la realización de nuevas pruebas, así como solicitar la apertura de juicio o el sobreseimiento. Con el regreso a la causa, Antonio R. F. dispondrá de información cuyo uso podrá valorar en el juicio de la Zamburiña, siempre que el tribunal lo considere pertinente.

Conforme con la línea de investigación de la UDEV de comisaría -con un criterio contrario al de Asuntos Internos-, el exjefe antidroga considera que las pruebas contra él fueron fabricadas intencionalmente. Cree que los gemelos entraron en los sistemas informáticos usando sus datos y los de otros agentes para armar el anónimo con el que incriminarlo ante Asuntos Internos. En aquel escrito se apuntó a la existencia de una trama de corrupción en comisaría y relacionaba el robo de armas con asuntos de drogas, cuestiones inciertas. De hecho el propio juez de la Zamburiña desligó la sustracción de pistolas y revólveres de la causa contra los agentes y los presuntos traficantes. Antonio R. F. solicitó en su día que se aclarase si esta unidad identificó la autoría del anónimo -según la comisaría sus fuentes eran los gemelos-, así como las relaciones de enemistad o venganza entre compañeros que pudieron ser el móvil.

En la causa sobre la muerte de Celso B. A., tanto Fiscalía como defensa pidieron el sobreseimiento ante los informes que se inclinan por el suicidio. La Audiencia desestimó la petición porque hay pruebas pendientes de recibirse. También decidió no alargar más el plazo de instrucción.