Un auto dictado por el juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, y que ya ha sido recurrido por el Concello, desestimo la petición de este Gobierno local, para poder proceder al desalojo de los okupas que mantienen en el interior de los viejos puestos anexos a la a plaza de abastos de As Burgas, pese a haber comenzado hace ya dos meses las obras de remodelación de este mercado, que incluían como preliminar, la demolición de esas casetas.
El juez alegó en ese primer auto, ya recurrido por el Concello, que no veía suficientemente argumentado el desalojo. En tanto no se resuelve judicialmente este conflicto de ocupación, pues los okupas se niegan a trasladarse a algún centro municipal, el Gobierno local ha tenido que habilitar una zona de entrada y salida segura para estas personas.
Esta insólita situación impide además a la empresa ajdudicataria derribar los antiguos puestos exteriores anexos al edificio del mercado, en los que están atrincherados los okupas, cuyo número se ha duplicado estos días.
El estado de insalubridad y falta de medios es manifiesta y en el exterior, como puede verse en la foto anexa, cuelgan ropa a secar, en medio de un paisaje en ruinas.
La situación creada es rocambolesca pues los okupas, siguen atrincherados en su interior, complicando gravemente el desarrollo de la obra, en unas condiciones de máxima insalubridad, y con gran preocupación por parte del a empresa constructora, Acciona ante el temor, que le han transmitido los propios operario, que está demoliendo el interior del mercado a que esos okupas puedan resultar lesionados.
Según la concejal de Urbanismo del Concello de Ourense, Sonia Ogando, "el auto esta recurrido y es una medida cautelar, dentro de las diligencias previas que esta Concejalía de Urbanismo presentó en el juzgado"
Añade que "están todas las vías en funcionamiento tanto judicial como administrativo, para resolver lo antes posible este problema y poder seguir con las obras en su totalidad" explica la titular de la cartera de Urbanismo
"El Concello pide el inmediato desalojo y que se adopten las medidas necesarias para tapar, vallar , cerrar o o precintar cualquier acceso que permita la entrada de terceros en las instalaciones por decretarse estado de alarma y confinamiento , y velar así por la seguridad de todos" añade Sonia Ogando
Pese a que la concejal no quiere posicionarse sobre otros aspectos del ámbito de su competencia, si lamenta la situación de insalubridad y el riesgo que puede suponer para estas personas, el hecho de continuar viviendo en un entorno en obras y está convencida de que habrá una pronta resolución judicial al recurso.
Otras fuentes del Gobierno local muestran también su preocupación por el "efecto llamada" que parece haberse creado. De hecho si los últimos okupas que se habían atrincherado en el interior de las plaza y se negaban a irse eran solo tres, ahora podrían estar viviendo en esos puestos aún no demolidos, entre seis y siete personas, afirma la misma fuente municipal. Todo un efecto llamada, que pone en riesgo ahora a un mayor número de personas en tanto no se resuelva elconflicto,
