Nuevo tomo para la causa judicial abierta en la Comisaría de Ourense. El juez Leonardo Álvarez informó en un auto de la no prescripción del robo de armas en las dependencias policiales, por las que los agentes gemelos Roy y Bernardo están siendo investigados.
El Ministerio Fiscal también se había opuesto a la prescripción al entender que la causa seguiría vigente en el momento de su notificación.
El juez, que instruye la causa, determina que la constancia "fehaciente" del robo de armas se produjo en noviembre de 2014. El día 10 de ese mismo mes, se produjo la remisión de una nota anónima por correo electrónico -"Informe.doc"- a Asuntos Internos en el que se describe la ausencia de armas. Por ello, entiende que la causa puede seguir, aunque se dilatará en meses la decisión del juez de si seguir con el proceso judicial o no.
La defensa, en contra
La defensa de los gemelos Roy y Bernardo, imputados en la causa del robo de armas, entiende que la falta de las armas se entiende con anterioridad a la fecha descrita en el auto del juez Leonardo Álvarez.
En concreto arguyen que, la Comisaría de Ourense denunció la falta de armas en agosto de 2014 y que Asuntos Internos ya nota la falta de tres pistolas en esas fechas. La UDEV sin embargo, establece que tiene que ser con anterioridad al 19 de septiembre, ya que es en ese momento cuando uno de los agentes imputados entrega las llaves del búnker.
Por esta cronología expuesta, la defensa estudia si recurrir a la conclusión del auto o hacerlo con posterioridad ya que entienden que el delito por un supuesto robo de armas que se le imputa a los dos agentes ya ha prescrito.
Una vez se termine el auto, falta por saber si el juez Leonardo Álvarez lleva a juicio el informe de geolocalización encargado a la Guardia Civil para saber donde se encontraban los gemelos en las fechas claves del envío del anónimo enviado a Asuntos Internos que ya aludía al robo de pistolas, pero también a una supuesta "corrupción policial" desembocada en la Operación Zamburiña.
Las dos causas -robo de armas y muerte del policía- irán por separado como solicitaba la jueza Eva Armesto.
