Donde la Guardia Civil y dos peritos veterinarios aprecian abandono y muertes a lo largo del tiempo por inanición de 41 ovejas y cabras, devoradas algunas por perros sueltos, el ganadero acusado, A. M. B., de 29 años, alega que fueron bajas por enfermedad, por ejemplo por la 'basquilla' -dijo-, una especie de rabia de los rumiantes. "Empezaron a morir los animales y no pude hacer nada". Cuando se registraron los primeros decesos, que según él se sucedieron en pocos días, pretendía retirar los cuerpos en un tractor, "pero no pude emocionalmente con la situación, no era capaz. No pude aguantar ese dolor; yo crié a esos animales. Tengo fotos con ellos dándonos mimos. Me encantan los animales", aseguró ayer al juez. La Fiscalía pide 18 meses de prisión y 4 años de inhabilitación para cualquier ejercicio relacionado con animales, por "un maltrato continuado en el tiempo, una desatención de distintos días". La defensa niega el abandono, aporta imágenes de animales y sostiene que la presencia de medicamentos indica cuidados. Además añade que no se ha probado la causa de la muerte porque no se efectuaron necropsias de los animales. Inviables por su estado, según uno de los peritos.
El joven, que había recibido 22.000 euros de la línea de ayudas públicas de la Xunta para la incorporación de jóvenes al sector primario, poseía desde septiembre de 2017, en A Lama (Barbadás), una explotación ganadera con un censo de 45 cabras y 21 ovejas, que él rebaja a "cuarenta y algo" en total. La Fiscalía sostiene que dejó prestarle el sustento necesario a las reses, sin comederos ni bebederos.
La nave, anexa a una finca sin vallar, tenía las ventanas rotas y facilitaba el acceso de perros y otros animales. Los agentes del Seprona hallaron crótalos dentro de heces, lo que para ellos sugiere que los canes se alimentaron de los animales allí encerrados. El 26 de marzo de 2018, los guardias accedieron a la granja, que desprendía "bastante hedor", y se encontraron una cabra muerta en la entrada, dos más en descomposición en un remolque y 38 cráneos esparcidos por la instalación. Había huesos rotos, "cortados" de forma limpia, probablemente con una rebarbadora que se encontraba en el interior del recinto. El ministerio público pide que el ganadero acusado, cuyo registro oficial estaba en Allariz pero que cambió hasta dos veces de explotación sin informar como marca el protocolo, y que también fue investigado por otro supuesto abandono un año antes en Nogueira de Ramuín, pague a la empresa especializada que retiró los restos. El letrado aclaró que ya se encargó la compañía aseguradora.
"Se encogían y adelgazaban"
Según su versión, el acusado empezó hace un lustro con una cabaña de unas 200 cabezas de ganado, "pero cada año morían unas 50 o 60, hasta que me quedé sin nada". La defensa atribuye a eso los huesos. La fiscal preguntó por qué no avisó al veterinario. Él dijo que hubo visitas, y otras veces hizo consultas "por wasap o llamadas", pero desistió porque era caro, entre 50 y 70 euros por visita. "El ganado no es como las personas que pueden decir lo que tienen. Hay demasiadas enfermedades. Gastaba el dinero pero los veterinarios no daban una razón clara, siempre era un "puede ser", y gastar dinero para nada... No puedo gastar lo que tengo en veterinarios", dijo ayer. Los animales "empezaban a encogerse y a adelgazar y al día siguiente ya no estaban".
El acusado dice que los animales podían pastar y había un riachuelo donde beber, pero la puerta estaba cerrada. A Guardia Civil y peritos les sorprendió que los arbustos del interior de la nave estaban devorados hasta el tallo, lo que indica el hambre que llegó a pasar el ganado allí encerrado. "Posiblemente fueran cayendo por inanición, por hambre y falta de agua", declaró un agente. Según este el ganadero le dijo en una charla informal que estaba "aburrido" de la actividad. El juez Ricardo Pailos dictará sentencia.
