Diferentes sectores reclaman la decantación de la denominada caja de las pensiones, en una de las provincias que cuenta con mayor número de personas mayores del Estado, para lograr sanearla y mejorar la imagen del colectivo que las percibe, excluyendo una serie de cargos que "deberían encajarse en otros ministerios o departamentos de la Administración". Proponen que se haga algo similar a lo realizado con los valores inmobiliarios de las cajas de ahorros, con la finalidad de eliminar funciones que no les corresponden. Consideran que no se pueden anotar como gastos corrientes, con cargo a la caja de las pensiones, las prejubilaciones de personas de 55 años durante procesos de reconversiones industriales, minería, Expedientes de Regulación de Empleo y crisis del sector financiero -diseñadas en muchas ocasiones mediante ingeniería financiera, realizando desembolsos económicos durante períodos de tiempo cortos para "cobrar la máxima"-, que se sucedieron a lo largo de los años con gobiernos del PP y del PSOE, por lo que "tendrían que ser asumidos por otros ministerios". Y sostienen que ocurre algo similar con las pensiones no contributivas, que "deberían abonarse con cargo al Ministerio de Asuntos Sociales".
El presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (FEGEIN), Benito Iglesias, destaca que en la recta final de 2018, se incrementaron significativamente el número de jubilaciones de personas que no habían cumplido los 65 años, "lo que supone una de las peores noticias para la sostenibilidad del sistema público de pensiones". En concreto, el número de altas de jubilados se incrementó un 5,6%, según los datos de la Seguridad Social. En total, en 2018 se jubilaron algo más de 141.000 personas que no habían cumplido los 65 años, 7.500 más que en el año anterior y el dato más alto de toda la serie histórica. "Es importante tener en cuenta que se trata de jubilaciones anticipadas, no de prejubilaciones, ya que su prestación pasa a abonarla la Seguridad Social (se trata de estadísticas para las pensiones contributivas, esto es, excluyen las no contributivas y las clases pasivas)", subraya Iglesias.
Según los datos de la Seguridad Social, en 2018 el 43% de las personas que se jubilaron tenía menos de 65 años, "esto es casi una de cada dos. Si, además se tiene en cuenta que la edad legal de jubilación se sitúa en 66 años y seis meses, se demuestra que, efectivamente, España tiene un grave problema con las jubilaciones anticipadas".
FEGEIN considera que el sector financiero español "ha provocado con sus prejubilaciones un enorme roto a las cuentas de la Seguridad Social que ahora pagamos todos". Benito Iglesias se muestra partidario de "frenar las prejubilaciones y jubilaciones anticipadas para frenar el agujero de la Seguridad Social, antes de subir más los impuestos a los españoles".
El exdirector provincial del INSS, Jesús Blanco, admite que las jubilaciones anticipadas "sí son problemáticas para el Estado. Las jubilaciones con contrato a tiempo parcial, esas funden el sistema, porque la Seguridad Social abonaba el 85% de la prestación, mientras que la empresa aportaba el 15% restante, a cambio del 15% de la jornada laboral, concentrada en varias semanas, en algunos meses del año". Las empresas "dejaron de pagar de esta forma salarios muy elevados, y realizaron el relevo de esos trabajadores mediante la contratación de mileuristas, con el consiguiente daño para la Seguridad Social". La última reforma limitó mucho esta práctica, porque el Estado "ya no asume el 85% de las prestaciones. Se mantiene en torno a un 50%, por lo que ha experimentado un importante retroceso.
El secretario comarcal de la CIG, Anxo Pérez Carballo, considera "un disparate que las pensiones más elevadas, a partir del máximo no cotizan más. Los que más cobran, son los que menos pagan al final". Por lo tanto, sostiene que "a esto hay que darle la vuelta como un calcetín".
