Los policías gemelos Roy y Bernardo D. L., investigados desde enero de 2018 por el presunto asesinato de su compañero Celso B. A., que el 9 de abril de 2016 apareció muerto de un disparo en la comisaría de Ourense con una de las 6 pistolas robadas del búnker, abren un nuevo capítulo en la complicada trama de la policía acusando a la jueza de presuntos delitos como prevaricación, falsedad documental o retardo malicioso. La magistrada Eva Armesto, titular de Instrucción 3, rechazó la petición de archivo de la defensa y de la Fiscalía, aunque la Audiencia Provincial tendrá la última palabra. La instructora sospecha que los hermanos mataron presuntamente a su compañero para que no se descubriera su implicación junto a él -aunque en mayor medida, según su tesis- en la sustracción de las armas y en la elaboración de anónimos a Asuntos Internos y a la prensa.
La querella, formulada por un abogado de Madrid distinto al que los representa en la causa del presunto homicidio, atribuye a la magistrada presuntas irregularidades en la instrucción de la causa contra ellos. La denuncia fue presentada en diciembre ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la instancia que es la que corresponde porque los jueces son aforados.
El ponente designado de la Sala de lo Civil y Penal debe elaborar un informe sobre la admisión a trámite para que la sala se pronuncie. La resolución no llegará antes de febrero ya que ese magistrado está de vacaciones. Si la querella se admite puede hacer que la jueza tenga que apartarse de forma provisional hasta que se resuelva su hipotética responsabilidad en los hechos denunciados por los gemelos. También podrían configurar una causa de recusación aunque se rechazase la querella. El sustituto legal de Eva Armesto es el titular de Instrucción 2, Luis Doval.
Este movimiento trasciende a los pocos días de que la instructora decidiera preguntar a las partes para decidir si prorroga otros 18 meses la investigación del presunto crimen del agente Celso. La investigación se abrió nada más aparecer el cadáver y estuvo dos años bajo secreto de sumario. El plazo máximo de instrucción termina a finales de este mes. La Fiscalía quiere que el caso finalice ya, y se apoya en un dictamen de la Audiencia Provincial de Ourense, que en julio instó a la jueza a ir delimitando el caso y censuró el carácter "inquisitivo" de la instrucción.
El ministerio público se basa en hasta 7 informes que se decantarían por un suicidio y no un crimen. La defensa razona sus peticiones de sobreseimiento rebatiendo los indicios de la jueza con dictámenes oficiales.
La causa lleva camino de los 4 años de instrucción. Acumula una veintena de tomos y casi 9.000 folios. En este proceso se mide la diferencia absoluta de criterios entre distintas unidades de la Policía, así como también entre el ministerio público y la jueza. Por una parte, la UDEV de la comisaría sostiene la tesis del asesinato, "pudo ser el resultado de una acción planificada por Bernardo y Roy", y atribuye a los hermanos el robo de armas y los anónimos, en mayor grado que al fallecido. Por otra, Asuntos Internos, que investigó la Zamburiña (a juicio 4 policías y 9 presuntos traficantes) no ve un "solo rastro" de un crimen y concluye que Celso se suicidó por sentimiento de culpa. Lo señalan como responsable en exclusiva de la sustracción.
La magistrada Armesto apartó a Asuntos Internos porque sostiene que la unidad "omite" informes y peca de "errores", de "faltas de diligencia" así como de "conclusiones a la postre inciertas". La instructora sostiene que existen "plurales indicios" de un asesinato. La acusación particular, que representa a la familia de Celso, también considera que se trató de un asesinato y además solicita la prórroga del procedimiento.
Esta querella de los gemelos contra la jueza que ordenó su detención en 2018 abre un nuevo capítulo en la rocambolesca situación judicial sobre la Policía de Ourense. En otro tribunal, en una causa separada, hay una investigación abierta por el robo de armas, en la que los hermanos también están imputados.
