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La socialista Noela Blanco pide a la Xunta garantías de que el CAPD tendrá empleados públicos

Pide una solución a la falta de plazas mientras se construye el centro de discapacitados

La diputada socialista Noela Blanco participará hoy en la comisión de Sanidad, que se celebra a partir de las 10.30 horas en el Parlamento de Galicia, para reclamar a la Xunta a través de una proposición no de ley, que garantice que el futuro centro de atención a personas con diversidad funcional de Ourense (CAPD) "sea público, de gestión pública, y que funcione en 2020". La parlamentaria pedirá también una solución a la actual carencia de plazas en la provincia mientras esta nueva instalación, pendiente todavía de construcción, no esté en funcionamiento.

Noela Blanco hace referencia en su propuesta a la plataforma ciudadana ProCapd, compuesta por padres, organizaciones políticas, sindicales y sociales de la provincia, que lleva años denunciando la inexistencia de infraestructuras públicas no concertadas en la provincia que permitan la continuidad en la atención a personas con discapacidade a partir de los 21 años. De hecho, Ourense es la única provincia gallega que no dispone de un espacio de estas características, lo cual, incide Blanco, "conlleva auténticos dramas familiares al separar cientos de kilómetros a las madres y padres de sus hijos". Además, destaca la diputada, "vulnera el derecho a decidir de las familias", por lo que urge una solución "ágil e idónea".

La proposición que defenderá hoy la diputada hace un repaso cronológico de este proyecto, anunciado por la Xunta en 2016, antes de la campaña electoral, pero del que todavía no se ha puesto la primera piedra. Actualmente está abierto el procedimiento de contratación de la construcción del edificio, en una parcela de Barrocás.

Noela Blanco buscará hoy una respuesta clara de la Xunta respecto a la gestión del centro ya que, insiste, la plataforma mantiene su preocupación ante la posibilidad de que la gestión del servicio no sea 100% pública.

La propuesta de la diputada, en este sentido, plantea que la Xunta garantice que la gestión será íntegramente pública, "con empleados públicos", y que el procedimiento se agilice para que el centro esté operativo este año, además de proponer un alternativa de plazas mientras esto no ocurra.

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