La Zamburiña, la operación de Asuntos Internos que puso patas arriba la comisaría de Policía Nacional de Ourense el 10 de noviembre de 2015, desmantelando a la anterior unidad antidroga, con 4 policías en el foco tras partir de un anónimo remitido a la unidad de Madrid justo un año antes, llegó a la Audiencia Provincial a finales del mes de octubre -8.345 folios de 26 tomos- para que el tribunal señalara el juicio. Pero la recusación planteada el día 14 de noviembre por la Fiscalía contra la magistrada que fue designada ponente está retrasando ese trámite y, en consecuencia, la elección de las declaraciones y de las pruebas propuestas por cada una de las partes, así como las fechas para el juicio a 9 presuntos traficantes y 4 agentes acusados de hacer supuestamente la vista gorda -lo niegan-, a cambio de chivatazos que les permitían llevar a cabo exitosas incautaciones.
El juicio se celebrará en los próximos meses pero el señalamiento se demora. Las defensas cuestionan la validez del proceso y plantearán una nulidad que invalidaría la causa. Lo expondrán en el trámite de las cuestiones previas. Se prevé que serán necesaria varias jornadas para la vista oral, quizá incluso más que una semana, para poder atender esta cuestión, más el interrogatorio de los encausados y las declaraciones de testigos y peritos, cuyo número final dependerá de la aprobación de pruebas propuesta, una tarea de quien finalmente sea el magistrado o magistrada ponente, una vez se resuelva la recusación de la fiscal contra la jueza designada inicialmente para esta labor.
La resolución del incidente de recusación corresponde a la sección civil de la Audiencia Provincial. Estas acciones solo llegan al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) cuando afecta a los presidentes de las Audiencias. La decisión de la sección civil llegará tras estudiar la versión de todas las partes de la Zamburiña, incluida la magistrada, en contestación al escrito de la fiscal del caso.
La Fiscalía y la imparcialidad
El ministerio público basa la recusación en que la magistrada designada como ponente e integrante de la sala para enjuiciar la causa, "participó de la resolución de recursos interpuestos por distintas partes contra el auto de procedimiento abreviado", que es la decisión que pone fin a la instrucción abriendo la fase de acusación. La fiscal esgrime el artículo 219.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que reconoce como una causa de recusación "haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito en causa en anterior instancia".
La Fiscalía de Ourense cita jurisprudencia del Supremo. "El alto tribunal ha entendido que concurre causa de recusación cuando establece que la imparcialidad puede verse comprometida cuando el tribunal competente para la resolución del recurso como el que resuelve la continuación por los trámites del procedimiento abreviado, adopta una decisión que supone una valoración provisional de la culpabilidad conviniendo en la existencia de indicios racionales de criminalidad, produciéndose un evidente contacto con el objeto del proceso, por el cual asume una decisión de tal naturaleza, que la participación en el acto de juicio oral y su posterior implicación en la sentencia implicará un compromiso demasiado intenso que impedirá que, a la hora de su enjuiciamiento, pueda entrar a realizarlo sin un perjuicio previo, poniéndose en entredicho con ello la imparcialidad".
La fiscal concluye que, dado que la magistrada se pronunció sobre el auto de procesamiento abierto contra los acusados, "conviniendo con el juez de Instrucción 1 la existencia de indicios racionales de criminalidad, es evidente que, como sostiene el alto tribunal, tal decisión puede afectar al enjuiciamiento". La Audiencia Provincial cuenta con 5 magistrados en la sección penal, por lo que si la recusación prospera otro completaría la sala de 3 encargada de juzgar la Zamburiña.
Cuatro policías antidroga y 9 presuntos traficantes se sentarán en el banquillo. La Fiscalía acusa a los agentes de proteger a sus confidentes a cambio de información que les permitiera detener a traficantes rivales. Ellos niegan culpa y esgrimen su labor operativa. Las defensas buscan la nulidad de la causa, por entender que nace de un anónimo con falsedades, que ahora aún se sigue investigando ligado al robo de armas de la comisaría, y supuestamente elaborado con pruebas inciertas tras la apropiación de claves de otros agentes. La UDEV de la comisaría culpa a los gemelos en mayor medida que al fallecido Celso B. A., al que Asuntos Internos atribuye la autoría en exclusiva. Los hermanos están imputados por la muerte y por la sustracción de armas.
Los 13 encausados en la Zamburiña afrontan penas que suman en su conjunto casi 100 años de cárcel. La fiscal solicita 7 y medio para el exjefe antidroga, Antonio R.F.. Pide para su compañero ya jubilado Felipe M.A. 7 años y 9 meses y para Herminia M. C.G., 6 años y 3 meses. El cuarto agente que irá a juicio es José A. R.F., que se enfrenta a 5.400 euros de multa. Entre los presuntos traficantes, la principal es Josefa P.G., alias Pucha. La fiscal solicita la pena más alta: 13 años.
