La caída progresiva de los partos está entre las razones técnicas que esgrime el informe que avala el cierre del paritorio del hospital de Verín y las urgencias pediátricas, además de la falta de especialistas. Esta decisión, que ha desatado movilizaciones en toda Galicia y un encierro de trabajadores en el centro hospitalario que se inició el pasado 1 de diciembre, ha tenido también reacciones en el ámbito jurídico.
Por un lado, el sindicato de enfermería Satse denunció ante la Fiscalía de Ourense este cierre, y por otro, el Defensor del Paciente elevó la cuestión ante la Fiscalía de Galicia para que investigue si el cierre de este servicio es constitutivo de delito. Esta última se ha pronunciado trasladando el caso a la Fiscalía de Ourense para que lo estudie y adopte las medidas que considere oportunas.
La representante del Defensor del Paciente, Carmen Flores, según recoge Europa Press, trasladó este asunto a la Fiscalía de Galicia al considerar que obligar a las mujeres embarazadas a realizar desplazamientos de hasta cien kilómetros para dar a luz en Ourense supone "un riesgo para su integridad".
El Fiscal Superior, Fernando Suanzes, procedió a la incoación de las pertinentes diligencias y ha concluido que la investigación de los hechos ocurridos en la comunidad corresponden "como regla general" a las "fiscalías provinciales". En este caso, indica que "no consta la existencia de personas que tengan condición de aforadas ante la Jurisdicción del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia", motivo por el cual remite estos hechos ante la Fiscalía provincial de Ourense.
