Después de tres años y medio de investigación judicial, tras la acumulación de una veintena de tomos y 8.000 folios, y en medio de la diametral diferencia de criterios entre dos unidades de la Policía, la Fiscalía de Ourense considera que no hay indicios para sostener que la muerte del agente Celso B. A., ocurrida el 9 de abril de 2016 en la comisaría, fuera un asesinato. La magistrada Eva Armesto, titular de Instrucción 3, mantiene como investigados a los inspectores gemelos Roy y Bernardo D. L., de quienes sospecha que presuntamente mataron a su amigo para que no se descubrieran el robo de armas y los anónimos, unos hechos que la UDEV de la comisaría atribuye a los hermanos en mayor medida que al fallecido. La instructora rechazó la petición de sobreseimiento formulada por la defensa. En un recurso de reforma, la fiscal solicita el sobreseimiento y esgrime hasta 7 informes que constan en el sumario y que apuntan a un suicidio como causa más probable de la muerte.
Además, el ministerio público también se opone al apartamiento de Asuntos Internos. Esta unidad, que investigó la Zamburiña -a juicio 4 policías y 9 presuntos traficantes- no apreció un "solo rastro" de un crimen y concluye que Celso se suicidó por sentimiento de culpa. Lo señalan como el responsable en exclusiva de la sustracción de las pistolas y la elaboración de los anónimos. Tres de las seis armas desaparecidas estaban en el despacho en el que el agente murió. De una salió el tiro que acabó con su vida.
La magistrada Armesto apartó a Asuntos Internos porque sostiene que la unidad "omite" informes y peca de "errores", de "faltas de diligencia" así como de "conclusiones a la postre inciertas". La instructora, que ve "plurales indicios" de un asesinato, está alineada con la UDEV de la comisaría. Esta unidad, con una teoría totalmente contraria a la de Asuntos Internos -ambas se rebaten y se cruzan reproches en sus informes- afirma que "la muerte de Celso pudo ser el resultado de una acción planificada por Bernardo y Roy, con la finalidad de intentar que su participación en los delitos citados fuera descubierta por manifestaciones de Celso, una vez detenido o si este se entregaba asumiendo el robo por presiones de los hermanos". La acusación particular, que representa a la familia del agente, también considera que se trató de un asesinato.
En cambio, la Fiscalía de Ourense, que tiene una visión panorámica sobre los hechos por su conocimiento de las distintas causas de la comisaría incluso cuando estaban bajo secreto, relaciona los distintos informes de organismos oficiales, entre ellos de unidades centrales, en los que se cataloga la muerte de Celso como un suicidio. Del mismo modo que Neil González, defensa de los gemelos, que rebate en un recurso dirigido a la Audiencia cada indicio que la jueza les atribuye, el ministerio público se basa para su petición de archivo en una serie de dictámenes. Alude al informe del médico forense, a la Unidad Central de Coordinación Cooperativa, a una pericia de la Comisaría General de Policía Científica -amplió la inspección ocular del escenario mediante el análisis de manchas y patrones de sangre-, así como un informe de la Brigada Central de Investigación de Delitos contra las personas -adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial-, otro dictamen de la Unidad de Inteligencia Criminal, una recreación en 3D a cargo de la Guardia Civil, además del informe de Asuntos Internos, de junio de este año, que descartó un homicidio.
Este movimiento de la Fiscalía supone su primera petición directa de archivo, aunque el pasado mes de julio ya se había adherido a ese mismo planteamiento por parte de la defensa. El ministerio público se mostró entonces a favor por el informe de Asuntos Internos que consideró suicida la muerte.
En manos de la Audiencia
Además de solicitar el archivo y oponerse a la remoción de Asuntos Internos que acordó la jueza, la fiscal recurre el auto de Armesto en el que reitera la solicitud de inhibición al juez Leonardo Álvarez, de Instrucción 1, para unir en un solo sumario el presunto homicidio y el robo de armas. Ella ve conexión. Entre tantas opiniones dispares, la Audiencia Provincial deberá resolver.
