La socialista Áurea Soto, concejal de Urbanismo del gobierno bipartito PSOE-BNG del Concello de Ourense entre los años 2007 al 2015, retirada de la vida pública desde entonces por un proceso de judicialización de la gestión municipal sin precedentes, acaba de salir absuelta, al igual que el exalcalde Francisco Rodríguez, y otros cuatro miembros de aquel ejecutivo. Es el último de los 7 procedimientos en los que estaba incursa, "todos ellos temas administrativos que llevaron a la vía penal", indica. Ahora con el expediente limpio después de estos años de inhabilitación por presunta corrupción, y tras "una auténtica cacería en la que el objetivo era acabar con el bipartito", reconoce que "el único delito de aquel gobierno fue venir a defender los intereses del Concello y de los ciudadanos, no de los poderes fácticos." Todo empezó, afirma, "cuando exigimos a un constructor que hiciera lo que nunca se había hecho y que impone la ley: la cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico para el Concello".
- Siete procedimientos, inhabilitación para cargos públicos de los que salieron absueltos tras cuatro años de lucha en los tribunales. ¿Qué hizo mal el bipartito ó Áurea Soto como edil de Urbanismo de aquel gobierno local?
-Si llegas a Ourense y quieres cambiar las cosas, evitar que los promotores se sigan llevando el 100 de aprovechamiento; si heredas un Plan de Urbanismo con un montón de rectificaciones y en los tribunales , que acabó siendo anulado, y te pones a elaborar otro que, con sus virtudes y defectos, trataba de sacar a la ciudad del ostracismo y no recoger los acuerdos del plan anulado, vas a tener un problema. Chocas con el status quo de la ciudad. El único delito del bipartito fue defender los derechos del Concello por encima, y no los de los poderes fácticos. Había que quitarnos de en medio. Ellos tenían dinero, y si lo tienes basta con ir a gabinetes y recurrir a gentes sin escrúpulos para que presenten las querellas.
- ¿Cuándo empezó el problema?
- Cuando emití la primera providencia en n la que se exigía que se cobrara ese 10% de aprovechamiento para la ciudad que dicta la ley en las áreas de reparto, también en el aprovechamiento de caminos públicos. Eso les pareció intolerable. No enriquece el 3% de comisión, sino el 10% que no se cede a los ciudadanos. Además teníamos un PXOM que había sido anulado por ley, entre otros motivos porque el que habían expuesto no incluía las rectificaciones del PXOM de 2003 que se aprobó en el pleno.
-¿Cuántos constructores llamaron a a su puerta durante la redacción del nuevo plan en su etapa como concejal de Urbanismo?
--Eso no lo voy a decir. Lo normal es recibir a todo el mundo. Pero el primer detonante fue el enfado de un constructor, Bautista Rodríguez (el concejal que, de la mano de DO más querellas presentó contra la edil en todos los frentes y obras municipales). Fue a raíz del área de reparto del campus universitario. Él sostenía que tenía que quedarse el 100% del aprovechamiento. Fue a contencioso e inicialmente lo ganó porque el fallo decía que como siempre se había hecho así... Lo recurrimos y TSXG dictó que lo que ocurría en Ourense era una barbaridad. A partir de ahí todos los contenciosos que nos metían estaban relacionados con ese desarrollo urbanístico. En ese momento estaba dirigiendo el Concello una gestora urbanística de unos pocos. No era una administración gestionada para defender los derechos de todos.
- A esa continua judicialización se unió la gran operación Pokémon que obligó a dimitir al entonces alcalde y rompió el bipartito.
- Ese fue otro paso para tratar de devolver el poder del Concello a los que se consideraban sus dueños naturales, que son los que están ahora. Pero no hay que olvidar que en ese contexto teníamos una Fiscalía que en lugar de cumplir el artículo 124 de la Constitución y exigir, como le pedimos, poner orden para que los promotores dejaran ese 10% de aprovechamiento urbanístico a la ciudad pues... ¿cómo iba a hacer eso el entonces fiscal Florentino Delgado? En lugar de defender la legalidad tuvimos que acudir al Fiscal de Galicia, que tampoco obligó a actuar al de Ourense, y Fiscalía del Estado, la que tomó cartas en el asunto. Hasta que no nos pasaron al juzgado número 3, el Fiscal Jefe no actuó. Eso sí que era un tema penal y no los siete procedimientos administrativos por los que a nosotros nos llevaron al juzgado.
-Su perseverancia ha conseguido también que aquel fiscal, ahora destinado en Madrid, haya sido suspendido temporalmente durante diez meses.
-Si, pero la Fiscalía de Ourense estuvo dirigida durante 15 años por una persona que no cumplía su trabajo, que es defender la legalidad. Ahora conseguimos que eso haya cambiado en Ourense.
-¿Se atreve a hablar de una confabulación de poderes para derribar un bipartito que no era dócil en materia urbanística?
-No me atrevo a tanto, pero los ciudadanos tenemos la obligación de mirar y leer entre líneas. Aquí en Ourense creo que nadie se creyó luego las acusaciones de pisos en Brasil que también imputaron al alcalde y a algunos ediles. Todos saben quiénes somos y cómo vivimos. Pero la juez De Lara, que promovió aquello, es curiosamente ahora la investigada.
-¿Se sintió sola en algún momento?
-No. Tuve el apoyo de muchos compañeros de profesión y de la política, pero el daño moral está ahí. Los políticos no somos entes aparte. Cuando recusamos al juez Antonio Piña (por enemistad manifiesta, alegó la edil, al entender que no sería imparcial en el caso de las asistencias técnicas) él dijo luego en una entrevista que fue muy duro tener que defender su imagen ante su madre. Todos tenemos madres, padres, amigos. Hemos sufrido y aguantado estos años por algo injusto tanto nosotros como los compañeros del BNG, por defender los intereses de la ciudad. El poder judicial no puede ser una casta. Está para defender el pueblo y tiene que haber un Consejo del Poder Judicial que lo controle.
-Cuatro años después de aquel juicio sumarísimo seguimos sin PXOM, pero el gobierno dice que el que van a aprobar es el que aprobó inicialmente el PSOE.
-El plan que quedó aprobado es que el que dejamos nosotros aprobado inicialmente, más los cambios que introdujo el anterior edil de Urbanismo, José Cudeiro a través de una providencia, en la que fue diciendo al equipo ahora me pones esto aquí, esto otro aquí.
-¿Saben de quién son esos terrenos ahora calificados?
-Nunca lo supe. Pero Cudeiro ha sido el director xeral de Urbanismo cuando se hizo la tramitación del PXOM de 2003, del cambiazo de planos, y cuando se hizo la polémica recalificación de As Burgas. Esa es su historia. ¿Qué se va a esperar?
-¿Qué le parece que DO, que primero denunció el PXOM del PP como el del pelotazo, apoye ahora que no se exponga al público?
--Es que DO es Cudeiro y es el PP. Siempre lo fue. Nada de lo que diga el alcalde Jácome merece atención. Habrá que sufrirlo el tiempo que establezca la ley porque es un representante salido de las urnas. La encomienda del PSOE también es ahora corregir los problemas internos, pues nuestra marcha también benefició a una parte del PSOE, y que recoja el testigo de honestidad y trabajo a favor de los ourensanos.
