Más calmado que en la primera sesión del juicio, en la que interrumpió a voces en varias ocasiones, amenazó de muerte a uno de sus hermanos y fue expulsado poco antes del final, Javier G. J. hizo uso ayer de su derecho a la última palabra para mantener su versión de inocencia. "No me atrevería nunca a una agresión sexual ni a retener a una mujer". Señalando a sus padres y tres hermanos del clan de Los Madriles, acusados de complicidad en el cautiverio, el presunto violador dijo: "Esa gente no tiene nada que ver en este caso. El problema es mío, no de mi familia".
Las acusaciones mantienen que presuntamente violó durante días, impidió marcharse, golpeó y vejó a la denunciante. El fiscal solicita 17 años de prisión, 2 menos que en su escrito inicial tras retirar el delito de lesiones ya que considera que los hechos ocurridos quedan comprendidos en tres delitos: continuado de agresión sexual, detención ilegal y coacciones o, alternativamente, trato degradante. En cambio, la acusación particular modificó su escrito inicial para solicitar una mayor condena. Pide 42 años y medio de prisión para el presunto violador, 13 años para la matriarca Ana J. G. por su "vigilancia permanente", 8 para el padre José Luis G. M. y dos hermanos -Ángel y José Luis- así como 4 años para el otro hermano Alberto, al que considera cómplice, no cooperadores necesarios como al resto del clan. El ministerio público reduce de 3 a 2,5 años de cárcel la solicitud contra el clan por complicidad.
En la segunda y definitiva sesión del juicio, visto para sentencia tras el acto de ayer, declararon varios peritos. La médica de urgencias que atendió a la víctima en el hospital aseguró que estaba "muy ansiosa, muy asustada y temía por su vida". Tras relatar las presuntas agresiones sexuales, golpes y cautiverio, "temía represalias contra ella y contra su familia". La doctora considera que los hematomas que presentaba la mujer eran "compatibles" con su versión. Tenían "diferentes estados evolutivos" y se localizaban en distintas partes, lo que sugiere golpes en días diferentes.
Los forenses no pueden precisar si la causa de esas marcas fueron caídas -el acusado algún empujón en peleas mutuas y tropiezos montando a caballo- o agresiones. Salvo una herida en la que sí sería "factible" que se usara un bastón. A nivel vaginal o genial no se registraron signos de violencia. "No es necesario que existen para probar una agresión sexual. Si hay hematomas por todo el cuerpo da igual", sostiene la acusación particular. La analítica efectuada en el hospital dio negativo a alcohol y drogas, pese a que la víctima dijo ser obligada a consumir, pese a que ella nunca lo hacía. La médica de urgencias matizó que el positivo en tóxicos solo dura unos días "y en unos diez días se puede negativizar", o si se trata de la cocaína, "en 3 o 4 días".
Los forenses constataron que la víctima presentaba signos indicativos de un arrancamiento "violento" de pelo, "a tirones". Los expertos declararon ayer en el juicio que el relato de los hechos de la víctima es "compatible" con que hubiera sido agredida y "lo que ella cuenta puede desencadenar" el trastorno de estrés postraumático que la mujer padecía tras los hechos, con ataques de pánico. "Se vive como un peligro de muerte y se produce cuando uno teme por su vida por la de su familia. Cualquier recuerdo lo interpreta como algo muy peligroso y eso provoca los ataques de pánico", ilustraron los forenses.
"Nadie puede decir cómo llegó allí, pero no fue voluntariamente ni de forma consciente. Está claro que existió una detención ilegal o un encierro. Su finalidad no era otra que poder seguir manteniendo relaciones sexuales no consentidas que se repitieron desde el 7 al 26 de enero de 2018", sostiene el fiscal, Carlos Valenzuela. "Para doblegar su voluntad la golpeó de forma reiterada, en diversas partes del cuerpo, con objetos contundentes". Además, el ministerio público considera que hay pruebas de un "trato degradante con un comportamiento que es difícil de entender por personas civilizadas". Presuntamente no la dejó asearse, le negaba comida, la obligó a cortarse el pelo o a bañarse en agua fría.
El posible fin de "lucrarse"
Durante el tiempo en que duró cautiverio el principal acusado o sus familiares cómplices se encargaron presuntamente de controlarla, de modo que a todos los lugares a los que iba -obligada supuestamente a robar o a retirar dinero de sus cuentas- estaba acompañada. La Fiscalía asegura que el presunto violador cometió "actos de humillación continuos para obligarla a que se entregara al dominio que quería ejercer sobre ella". No descarta otro posible móvil: "Al saber que ella cobraba el desempleo y era firma autorizada en cuentas con su expareja podían lucrarse".
El ministerio público sostiene que "es evidente" que los familiares acusados por cómplices "sabían de la arbitrariedad e injusticia" de los hechos, "y a pesar de ello colaboraban", sin descartar que lo hicieran por temor a Javier.
Las defensas y los encausados cuestionan que si la mujer estaba retenida por qué no pidió ayuda cuando salían de la vivienda. Así lo resume el fiscal: "No tenía capacidad porque no tenía libertad. estaba en una atmósfera intimidatoria, tenía miedo".
En esa misma línea, la acusación pública resta valor a vídeos en los que sale "bailando, cantando y alegre", como aduce la defensa del principal acusado. "Parecen denotar una no violencia pero no sabemos las condiciones en las que fueron grabado, si como dijo ella actuaba como una amiga para evitar actos violentos o si se trataba de una coartada", expone el fiscal.
La acusación particular, ejercida por la abogada Rut González, cree que el acusado debió de introducir algo en la bebida de la víctima para doblegar su voluntad y llevarla a la casa. "Si no, no es normal que perdiera la consciencia tantas horas".
La letrada llamó la atención de por qué la joven no pidió ayuda cuando salía de la vivienda, durante un control de la Guardia Civil, cuando iba en furgoneta con varios de los acusados, o cuando fue sorprendida en una casa donde presuntamente fue obligada a robar. "Desde el momento en que pidiera ayuda hasta la llegada de una patrulla, esta chica estaría sin vida". Además subrayó que "no fue a ningún sitio sola" porque o bien el acusado o alguien del clan controlaba.
Las defensas creen que no hay pruebas para condenar y discuten la credibilidad de la víctima. El abogado de Javier, Ángel Cebrián, afirma que el sexo fue siempre consentido y que los hematomas se explicarían con los golpes mutuos que admitió el acusado y caídas del caballo. En su opinión, la denunciante "carece de verosimilitud, da versiones inverosímiles y que ha modificado". Descarta detención ilegal porque existieron "innumerables ocasiones" en las que pudo haber solicitado ayuda.
