Ricardo y Javier se apostan con el coche camuflado en un lugar discreto, sacan los prismáticos y esperan. Pueden pasar horas en una vigilancia y en ocasiones las guardias no arrojan resultados a la primera. Pero el porcentaje de éxito es elevado. Son los ojos de la Guardia Civil de Tráfico contra los infractores contumaces, que siguen conduciendo pese a tener el carné retirado por una pérdida de vigencia tras la retirada de todos los puntos o por una condena judicial. El lunes, un hombre de 44 años de Cualedro llevó el coche hasta Ourense para ser juzgado por circular sin permiso en vigor. En este tipo de perfiles, muchos irreconducibles pese a que acumulen varias sentencias por delito vial, se centra la llamada unidad de Usuarios de Riesgo (UDR). En lo que va de año, la que conforman Ricardo y Javier en el Destacamento de Ourense ya ha detectado en plena infracción a 75 personas. Cierran cada ejercicio con la interceptación de 100 reincidentes o más, la inmensa mayoría hombres.
La Guardia Civil cuenta en el destacamento de Verín con otra pareja que desempeña esa misma labor de vigilancia y seguimiento en secreto. "Es una gran labor. Lo más importante es que una persona que no puede conducir no cause un siniestro grave, y eso no se ha producido en los últimos años sobre todo gracias a estos seguimientos. Tenemos que sacar de la circulación a las personas que han sido privadas de su derecho a conducir. Deben sentirse controlados", destaca el jefe provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT), David Llorente.
Ricardo ejerce en la UDR desde 2012 y Javier lleva 2 años y medio. Ambos atesoran amplia experiencia en la Guardia Civil de Tráfico y desempeñan otras labores del Subsector cuando son requeridos. La Jefatura Provincial facilita a ambas patrullas de Ourense y Verín un listado de los conductores con el permiso retirado. Hay 1.012 personas privadas en Ourense del derecho a conducir, bien por una sentencia tras cometer delitos, o por una resolución administrativa de la DGT tras la pérdida de puntos o por la disminución de las facultades psicofísicas. El colectivo de automovilistas a los que hay que vigilar supone solo un 0,5% del censo provincial de conductores, un total de 189.213 personas con permiso o licencia en vigor.
"En primer lugar hacemos una localización y pequeña vigilancia para saber quién está usando el vehículo". Ricardo y Javier cubren un área geográfica amplia: desde Castro Caldelas a Xinzo desde Lobios a Beariz. Durante el servicio pueden consultar a través de una tablet la base de datos para comprobar matrículas, identidades y alertas activas de infracciones. "A veces, en la vigilancia se comprueba que está acatando la prohibición y usa el transporte público, o el coche lo lleva la mujer. Pero la mayoría incumple", avisan.
El lunes, Javier y Ricardo comprobaron a primera hora si un conductor sin saldo en el carné seguía poniéndose al volante, como les informó un confidente. Ese día no se presentó. Durante la hora en que el periodista acompañó a la patrulla, también se saldó sin éxito la búsqueda de un empresario que sigue yendo al trabajo al volante pese a que no puede. Otras jornadas han llegado a imputar en un mismo servicio de 8 horas a 4 reincidentes. "La gente colabora cada vez más y es fundamental tanto para informarnos como para no delatar nuestra presencia. Cualquiera que vea a alguien conduciendo que no puede debe llamar al 062, que es la central de la Guardia Civil, o a la de Tráfico, al 988 22 28 81".
En la ciudad, con más tráfico y trayectos cortos, "la sensación de impunidad crece y tienen la sensación de que es más difícil que te paren. Es más habitual detectar un vehículo sin seguro o ITV", cuentan los agentes. Algunos de los reincidentes que son detectados por estas patrullas al acecho suman a la prohibición de conducir otros delitos, como altas alcoholemias, una de las principales causas de retiradas y condenas junto a drogas y velocidad. Siempre que las patrullas de UDR pillan a un reincidente y le comunican la nueva imputación por delito vial hacen la prueba de alcohol. Si consta requisitoria o el vehículo figura como robado se les detiene.
El ourensano que afronta más años de prohibición hasta poder conducir de forma legal es un vecino de Sandiás que lo tiene restringido hasta 2035 por acumular 11 delitos contra la seguridad vial. Hasta el 2030 no puede hacerlo un hombre de Pereiro que suma 8 causas de tráfico. "Los hay que incumplen para ir al trabajo, pero también quienes se arriesgan para acabar yendo al bar, a 500 metros", dicen los guardias. "Muchos ya nos conocen el cocho y eso hace que nos detecten pronto. Un día de lluvia como hoy [por el lunes] ayuda porque hay más circulación y pasamos más desapercibidos. Se han dado casos de sospechosos que antes de coger el coche dan una vuelta a pie o en bicicleta y si no nos ven, salen".
A la tercera infracción penal la Fiscalía opta por solicitar prisión en lugar de alternativas más favorable como trabajos en beneficio de la comunidad o multa. Treinta y uno de los reclusos de Pereiro cuentan con un delito contra la seguridad vial, aunque varios suman otros. Instituciones Penitenciarias tiene en Ourense a 35 personas inscritas en talleres de seguridad vial -un día a la semana durante dos meses-, cuando la obligación laboral impide a los sentenciados hacer trabajos comunitarios, opción que en la actualidad están desempeñando 58 personas que cometieron delitos de tráfico.
En los últimos años los juzgados han ordenado 29 incautaciones de vehículos para su destrucción, 24 de ellos por parte del Penal 1 y 5 por orden del 2. Con esa resolución, la DGT se convierte en el adjudicatario del vehículo decomisado. Los guardias lo localizan y una grúa envía el automóvil a un desguace para que lo convierta en chatarra. La Jefatura ha llevado a término 23 de estos decomisos, mientras que 6 se encuentran en trámite o ha sido imposible porque no se localiza el coche.
