Un día después de anunciar que el Concello de Ourense no dispone de medios suficientes para prestar el servicio "dignamente" y, por lo tanto, se retiraba del sistema VioGén de protección a las víctimas de la violencia de género, el alcalde Gonzalo Pérez Jácome volvió al punto de partida para comunicar que "revisará" esta decisión que, de aplicarse, tendría efecto en marzo.
Alega el regidor que el martes, cuando hizo pública esta medida que implica retirar a la Policía Local del sistema de asistencia a 30 mujeres maltratadas, no disponía de toda la información y que se "fio plenamente" de la recomendación realizada por la jefa de este servicio, María Barrera, durante una reunión extraordinaria que la junta local de seguridad celebró el martes por la mañana en la Subdelegación del Gobierno. "Por el momento es una decisión técnica", precisó Jácome, "porque la vamos a revisar, y si procede anularla, lo haremos".
Lo cierto es que la medida anunciada ha provocado reacciones de repulsa entre los grupos de la oposición y diversos colectivos sociales. La Marcha Mundial das Mulleres habla de "desmantelamiento de la igualdad" en el Concello de Ourense y ha convocado una concentración en la Praza Maior para mañana a las 19.30 horas. A nivel político, el PSOE ve "regresiva" esta medida y ha solicitado un pleno extraordinario para exigir que se garantice la permanencia en el VioGén. El BNG también presentó una moción para su debate en el pleno ordinario en la que pide incorporar más efectivos policiales y crear una unidad específica para luchar contra la violencia machista. El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, equiparó a Jácome con Vox y calificó su comportamiento de "gravísimo", pidiendo al PP que retire su apoyo a Democracia Ourensana por este motivo.
Con esta presión de fondo y por "información que nos ha ido llegando", el alcalde ha optado por dar un paso atrás, eso sí, señalando a la responsable de la Policía Local. Alegó incluso que el encuentro con los representantes de la junta local de seguridad, presidida por el Subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, la convocó el propio regidor para abordar, exclusivamente, la supresión de la oficina "duplicada" de denuncias leves. Sin embargo, indicó que el orden del día "creo que se cambió desde la Policía Local" para incluir este asunto. La jefa de dicho servicio, "que es la máxima experta, nos recomendó hacer esto, y nosotros nos fiamos plenamente", insistió. No obstante, y pese a creer "que tenemos razón", añadió, "vamos a recabar más información por si se equivocó".
También lanzó un dardo a la oposición: "Hice lo que dicen el PSOE y el BNG que hay que hacer, fiarse de los técnicos; pues si creen que es una mala decisión y tienen algo que recriminar, que recriminen a la técnica que recomendó hacer esto".
Con todo, el alcalde anunció que analizará la información facilitada por la intendente y "la que nos está llegando", y en función de las conclusiones "procederemos a tomar una decisión política, porque a lo mejor la técnica se equivocó".
Por su parte, la jefa de la Policía Local, María Barrera, explicó que lo que hizo fue "informar de la precariedad de recursos", una situación que, insistió, "se ha informado en repetidas ocasiones", y que en la actualidad se traduce en un sólo agente para dar cobertura a 30 víctimas: "Puse esta situación en conocimiento de los responsables políticos para que se tomen medidas", insistió.
CCOO ha lamentado que, una vez más, "se culpe a los trabajadores del Concello por informar, en este caso, del inasumible estado en el que se encuentra este servicio".
