La Audiencia Provincial de Ourense juzga el miércoles y jueves de la próxima semana al presunto violador de una joven, acusado además de golpearla y denigrarla. Los padres y tres hermanos del agresor también se sientan en el banquillo como supuestos cómplices. El fiscal pide 19 años de prisión para el principal acusado y 3 para el resto.
El relato que hace el ministerio público del presunto cautiverio, agresiones sexuales y humillaciones da escalofríos. Supuestamente fue retenida contra su voluntad y sufrió violaciones y humillaciones, de manera reiterada. Según la acusación, a veces no la dejaba comer porque la veía gruesa, la obligaba a beber y a consumir drogas, le quitó el móvil -dictándole los wasaps que enviaba a su familia-, la golpeaba con palos y barras de hierro, la amenazó con armas y la forzaba a cortarse el pelo o a bañarse en agua fría. El ministerio público solicita 19 años de prisión para Javier G. J., de 40 años y antecedentes, al que atribuye un delito de detención ilegal (5 años de cárcel), un delito continuado de agresión sexual (11 años), un delito continuado de coacciones o bien un delito de trato degradante (1 año), así como un delito de lesiones (2 años).
Los padres y tres hermanos -el patriarca del conocido como clan de Los Madriles, Luis Manuel G. M., la madre Ana J. G., así como tres hermanos, José Luis, Ángel y Alberto- también van a juicio. Se enfrentan a una condena individual de 3 años de cárcel como presuntos cómplices de la detención ilegal de la chica. La defensa cuestiona la credibilidad de la víctima, alega que dio hasta tres versiones distintas y sostiene que el consentimiento inicial discute que hubiera agresiones sexuales.
La acusación pública contempla una agravante. La de haber cometido el delito, presuntamente por discriminación por el sexo de la víctima. Asimismo, el fiscal pide una orden de alejamiento de 23 años para el principal imputado y de 5 para cada uno de los miembros del clan, que están en libertad.
Alega sexo consentido
Tras mantener contactos con anterioridad a través wasap, el principal encausado se citó con la mujer en un hotel del centro de la ciudad, el 4 de enero de 2018. Allí pernoctaron las noches del 4 al 5 y del 6 al 7 de enero, donde la víctima había alquilado una habitación. Mantuvieron relaciones consentidas. Javier G. J., que continúa en prisión preventiva, alegó que el sexo siempre fue de mutuo acuerdo. Pero la Fiscalía acoge la versión de la víctima y asegura que, la mañana del 7 de enero de 2018, consiguió mediante engaño que la joven lo acompañase hasta su casa, en el entorno del cementerio de San Francisco, donde vivían sus padres y hermanos, aunque ellos sostienen que en viviendas separadas.
La acusación pública defiende que el propósito del presunto violador era "impedirle marcharse de su lado, obligándola mediante una conducta violenta y agresiva, acompañada de continuas intimidaciones, a permanecer en la vivienda". Así, presuntamente le quitó el teléfono móvil y solo le permitía ponerse en contacto con su familia a través de wasap que le dictaba él.
Fueron 19 días de reclusión, afirma el fiscal del caso, Carlos Valenzuela. Cuando la Policía se acercaba a la casa preguntando por la joven, les decían que allí no estaba. Durante este tiempo, Javier G. J. presuntamente obligaba a la víctima "a mantener todos los días relaciones sexuales contra su voluntad", subraya la Fiscalía, "a través de continuas expresiones intimidatorias".
Según la acusación pública le aseguró que la mataría y la arrojaría a un pozo de la finca, golpeándola presuntamente en ocasiones con palos, amenazándola con un cuchillo "y venciendo de esta forma su capacidad de resistencia ante el temor que tenía a quien consideraba capaz, debido a su carácter violento de cumplir lo que decía". Según la víctima, el acusado también la amenazó con una escopeta por negarse a hacerle felaciones. En un registro en casa con numerosos agentes, la Policía halló 5 bastones tipo "cachaba", una escopeta de aire comprimido, seis hachas, cinco navajas, un cuchillo, una hoz y un mango con hoja de podadora.
La Fiscalía dice que Javier G. J. golpeó a la víctima "en diversas ocasiones con palos y barras de hierro, causándole múltiples heridas contusas en pecho derecho, brazo derecho, hombro izquierdo, pómulo izquierdo, glúteo derecho así como en el muslo y pierna izquierda y muslo derecho". A la acusación de violaciones y agresiones, a Fiscalía añade que el hombre infligió supuestamente un trato degradante, "con continuas humillaciones y vejaciones, obligándola a beber alcohol y a consumir sustancias estupefacientes, cortándole el pelo contra su voluntad, obligándola a bañarse en agua fría y no permitiéndole comer al considerar el acusado que estaba muy gruesa".
Con la misma actitud violenta, el encausado consiguió que la mujer -sostiene la acusación pública- retirase dinero de una cuenta en una entidad ,que tuvo que entregar al hombre. También la obligó a ir a otro banco pero en esa ocasión no logró sacar efectivo porque la cuenta ya había sido cancelada. La mujer precisó varias asistencias médicas y tratamiento. El forense ha acreditado, según el baremo que usan los expertos para medir el alcance de los hechos penales, que sufrió un perjuicio personal básico de 110 días y una pérdida de calidad de vida en grado moderado durante 10 días. Como secuela la víctima padece estrés postraumático en grado moderado. El fiscal quiere que el encausado abone una indemnización de casi 12.000 euros para la víctima y de 1.200 al Sergas por la atención sanitaria. Y que los otros cinco familiares paguen, entre todos, 1.500 euros más a la joven por daño moral.
La acusación contra la familia
Respecto a la acusación contra el resto del clan familiar de Los Madriles, la Fiscalía defiende que durante el tiempo que la víctima pasó retenida en la casa, el principal encausado "contó, para poder controlar los movimientos y evitar que pudiera escapar de su control, con la ayuda y colaboración" de sus padres, Luis Manuel y Ana, de 61 y 63 años, así como de sus hermanos Ángel, Alberto y José Luis de 33 a 43 años, a quienes presuntamente había encomendado la vigilancia de la víctima. Una labor "que asumieron acompañando en todo momento" a la mujer, "impidiéndole que pudiera contactar con nadie fuera del círculo familiar y del acusado, no obstante tener pleno conocimiento de que tenía retenida y privada su capacidad ambulatoria y que carecía de medios para poder eludir la vigilancia a la que la sometieron".
