Es un giro de timón. El magistrado Leonardo Álvarez, el mismo que hace 4 años dirigió las detenciones por parte de Asuntos Internos de presuntos traficantes y policías antidroga en la operación Zamburiña, el que se había apoyado en el criterio de esa unidad secreta en las causas sobre la comisaría de Ourense, comparte ahora la tesis de investigación de la UDEV local, que culpa a los gemelos de enviar el primer anónimo a Asuntos Internos en noviembre de 2014 -un escrito contra varios agentes que aludía a una supuesta corrupción policial que resultó ser falsa en su mayoría-, así como del robo de 6 pistolas y revólveres en el búnker. El juez interrogará a finales de este mes, como investigados, a los hermanos Bernardo y Roy D. L., a quienes la jueza Eva Armesto mantiene imputados por la muerte en abril de 2016 de su compañero Celso B. A. con una de las armas robadas (tres estaban en el despacho, las otras tres no se han localizado). Álvarez, que llevó a juicio en la Zamburiña al exjefe antidroga Antonio R. F. y a otros tres compañeros, admite su personación ahora en la causa de las armas como un posible perjudicado por los hechos. La Fiscalía no lo comparte y ha recurrido en apelación a la Audiencia. También lo hará la defensa.
Según fuentes consultadas en la plantilla, muchos más agentes podrían ser parte contraria e incluso la institución a través de la Abogacía del Estado. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) está notificando la posibilidad de ejercer acciones no solo a los agentes mencionados en aquel anónimo -13 tuvieron su teléfono pinchado en el inicio de la investigación de Asuntos Internos sobre la comisaría de Ourense- sino a los dueños de la armas, al excomisario de entonces y a aquellos agentes cuyas claves personales o profesionales pudieron ser usadas para dar base a la elaboración del anónimo. En el juzgado, por ahora, solo está personado ya el exjefe de drogas.
Tras el giro de guion en la instrucción, el juez Álvarez asume la hipótesis de la comisaría e investiga si los gemelos hicieron desaparecer las pistolas, o colaboraron en los hechos, con intención de perjudicar a otros compañeros, como sostiene la UDEV, que les atribuye a ambos y al fallecido haber obrado presuntamente con un ánimo de "venganza". La calificación de delitos aún es provisional, pero de entrada se investigan posible simulación de delito, acusación o denuncia falsa, así como tenencia ilícita de armas. Pese a que se habría empleado una llave para acceder al búnker, en principio se descarta un presunto delito de robo con fuerza o de hurto, excepto que se acredite un ánimo de lucro del que no hay evidencias.
Quién cometió el robo de armas es otro hecho en el que la UDEV de la comisaría de Ourense y Asuntos Internos discrepan abiertamente, de la misma manera que los primeros consideran que los gemelos mataron a Celso para que no se descubriera la trama de los anónimos y las armas, mientras que Asuntos Internos sostiene que Celso se suicidó y que él solo redactó los escritos y además cogió las pistolas y revólveres (suyo era el ADN de una llave que abría el búnker, guardada a su vez en un cajetín).
El juez Álvarez reabrió en noviembre del año pasado la causa de las armas tras haber archivado inicialmente en mayo, después de que no se encontrara indicios contra los investigados iniciales, el secretario general y el responsable del servicio de armamento y tiro, más allá de las "irregularidades en la custodia y recuento de las armas existentes".
Se reabrió por la remisión a Instrucción 1 de un informe de UDEV de septiembre de 2017 que culpaba a los gemelos y Celso de los anónimos y las armas, un dictamen que formaba parte de la causa del homicidio o suicidio en Instrucción 3. Durante estos meses, el magistrado ha pedido a la propia UDEV que aporte documentos para contrastar sus manifestaciones. A la vez, requirió a Asuntos Internos para que analizara ese informe y diera su opinión. El contradictamen de la unidad secreta del cuerpo volvió a poner de manifiesto las posturas diametralmente contrarias sobre la trama de la comisaría de Ourense que mantienen dos unidades de una misma institución. Asuntos Internos considera que la intención de la UDEV, "más que plasmar indicios objetivos es realizar un encaje de datos de forma subjetiva que señalen solo en una única dirección, aun a riesgo de no evaluar otras hipótesis y datos contrarios a sus afirmaciones". La unidad considera que la Policía Judicial de la comisaría se dedica a hacer "una defensa velada" del exjefe antidroga, implicado en la Zamburiña.
El anónimo de 2014
La hipótesis de la UDEV, en la que se apoya ahora el juez Álvarez para citar como investigados a los gemelos, es que la persona o las personas que remitieron el primer anónimo a Asuntos Internos en noviembre de 2014 cometieron, colaboraron o al menos encubrieron el robo de armas en el búnker. En agosto de 2014 se conoció en comisaría la falta de tres pistolas y en febrero de 2015 un anónimo a la prensa aireó que acababan de desaparecer otras tres. Pero en ese primer escrito a Asuntos Internos de noviembre de 2014 ya se aludía a más de tres armas sustraídas del búnker.
El autor de un escrito con varias falsedades decía ser un policía "que por razones de seguridad personal no puedo dar más datos sobre mi persona". Acusaba a una serie de agentes de corrupción -el ataque a la institución puede redundar en la personación de la Abogacía del Estado- y mencionaba, hasta el punto de dar nombres, DNI y teléfonos, a varios agentes entre los que se encontraba el exjefe de drogas Antonio. El anónimo los acusaba de ser un grupo paralelo de drogas, de hacer operaciones encubiertas, de dar datos personales de agentes o de coches camuflados a traficantes y de quedarse incluso con droga y sacar armas de comisaría para delincuentes. El confidente decía que los jefes lo sabían. Ese anónimo hiló la Zamburiña, donde una mayoría de las acusaciones se vieron falsas.
