El foco judicial sobre los policías gemelos Roy y Bernardo D. L. se extiende al robo de 6 pistolas y revólveres en el búnker de la comisaría, ocurrido en agosto de 2014 pero conocido en dos momentos diferentes, en aquel mes solo de puertas adentro y en febrero de 2015 tras un anónimo a la prensa que aireó por primera vez a la opinión pública la mayor crisis de la historia de la Policía en una de las ciudades más seguras de España. Tres de esas armas aparecieron en el despacho en el que, el 9 de abril de 2016, falleció de un disparo en la cabeza el agente Celso B. A. -el tiro fue efectuado con una de las pistolas robadas-, por cuya muerte la jueza de Instrucción 3, Eva Armesto, mantiene imputados a los gemelos. Ahora es Leonardo Álvarez, el titular de Instrucción 1, el que decide investigar a los hermanos por la sustracción de las pistolas en la sala de seguridad para armas de la comisaría. Tras recabar y analizar diversos informes en estos meses, el magistrado cita a los hermanos a declarar, asistidos con abogado, para finales de octubre.
La comparecencia se producirá tras la declaración policial que ambos prestaron en julio ante la Unidad de Asuntos Internos, ya entonces en calidad de investigados. Fueron citados en la comisaría para responder de las sospechas contra ellos planteados por la propia comisaría. En principio, Asuntos Internos, atribuía el robo de las armas al fallecido porque suyo era el ADN de una llave que abría el búnker, guardada a su vez en un cajetín.
La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Ourense considera que ambos participaron junto a su amigo fallecido, incluso en mayor medida, tanto en el robo de armas como en la elaboración del anónimo remitido en noviembre de 2014 a Asuntos Internos -y que puso en la pista a la unidad hasta poner en marcha la Zamburiña, contra agentes antidroga y presuntos traficantes a juicio en unos meses-, y a algunos medios de prensa en febrero de 2015.
Tras echarse en falta la primera partida de armas, hubo una investigación interna. Uno de los gemelos, Bernardo, se encargó, como secretario en funciones, de la información reservada. Un anónimo remitido a Asuntos Internos en noviembre de 2014 vinculó la desaparición de las armas con presuntos policías corruptos. Se intervinieron teléfonos de agentes de la comisaría y aquella sospecha inicial desencadenó la Zamburiña, en la que cayó desarticulada la anterior unidad antidroga
Un atestado de la UDEV de comisaría, de septiembre de 2017, llevó a la reapertura de la causa del búnker en Instrucción 1, en noviembre del año 2018. Sin mencionar el homicidio de Celso, la UDEV culpaba a fallecido y gemelos de los anónimos y las armas con el supuesto fin de "vengarse" de otros compañeros, entre los que se encontraría el exjefe antidroga.
El primer archivo de este caso llegó en mayo de 2018, tras considerar el juez que las "irregularidades en la custodia y recuento de las armas existentes" no podía ser castigado penalmente ante la falta de indicios de autoría. Llegaron a estar investigados el secretario general de la comisaría y el responsable del servicio de armamento y tiro. Contra ambos se cerró la causa con el visto bueno de la Fiscalía, que descartó recurrir.
En un reciente informe remitido a la jueza Armesto, la UDEV concluye tras 200 folios que los gemelos presuntamente asesinaron a su amigo para que no se descubriera su implicación en el robo de armas y en los anónimos. Ellos niegan tanto estos hechos como haber cometido un crimen del que su gran compañero y amigo sería la víctima. La Unidad de Asuntos Internos sostiene que la muerte fue un suicido y que no hay un solo rastro de un homicidio. Este enfrentamiento entre distintas unidades de un mismo cuerpo, la Policía, está marcando el devenir del caso sobre la muerte de Celso, cuyo plazo de instrucción -salvo una nueva ampliación- finaliza en enero.
Más de 5 años después de que la trama policial de Ourense empezara a manifestarse, tres de las seis pistolas desaparecidas continúan en un lugar que se desconoce.
