El exfiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado, que ostentó el cargo durante 15 años, convirtiéndose en la autoridad más longeva de la justicia en Galicia, está apartado cautelarmente desde abril por la polémica sobre el piso que la Xunta costeó 12 años. Ese expediente todavía no ha sido resuelto y, de hecho, la Fiscalía General del Estado requirió esta misma semana el pleito civil planteado por el propietario, que se solventó con el compromiso de pago de Delgado. Pero el exfiscal jefe tenía otra vía abierta: su papel derivado del caso del 10%, que llevará a juicio al exalcalde Manuel Cabezas (PP) y a un exedil, Ricardo Campo Labrador, por el hecho de que el Concello de Ourense no hubiera exigido a determinado promotores ese porcentaje para fines públicos entre 1999 y 2003, un supuesto perjuicio para las arcas que el Consello de Contas cifró en 1,65 millones de euros. Se sanciona su comportamiento con los abogados de la exconcejala que denunció, Áurea Soto (amenazó con detener a una letrada y a una trabajadora del despacho, después de que plantearan quejas). La fiscal general del Estado, María José Segarra, impone una multa de 2.500 euros y 10 meses de suspensión por dos faltas muy graves y dos faltas graves.

La investigación interna considera que el exfiscal jefe de Ourense, natural de Burgos y con destino en Madrid desde el pasado mes de mayo, incurrió en una falta muy grave de inobservancia del deber de abstención a sabiendas de la concurrencia de alguna de las causas legalmente previstas, razón por la que se le impone 5 meses de suspensión. La falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de sus deberes le acarrea otra sanción de 5 meses. Además, la fiscal general del Estado considera que existen motivos para imponer una multa de 1.500 euros por falta grave de abuso de autoridad (o bien falta grave de consideración), así como otros 1.000 euros por falta grave de abuso de autoridad (o bien falta grave de consideración), en relación estas últimas con el trato del exfiscal jefe con la abogada de la exedil del PSOE Áurea Soto -denunciante del caso del 10%- y con una trabajadora del bufete letrado.

Los 10 meses de suspensión no implican un apartamiento de la carrera de fiscal ni tampoco un cambio de destino porque ya había concursado, ganando nueva plaza en Madrid. En todo caso, la medida puede ser recurrida en alzada ante la ministra de Justicia -en un plazo de un mes- y, si la acción no surte efecto, todavía cabría recurso en el juzgado contencioso.

Advertencia al fiscal superior

La resolución de la fiscal general del Estado, de fecha 2 de octubre y conocida ayer, considera además que el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes -aún en ejercicio-, cometió una falta de desatención. El castigo, en su caso, se limita a una sanción de advertencia.

Este proceso es uno de los dos que la Fiscalía General del Estado abrió contra Florentino Delgado. El expediente relativo al pago de su piso por parte de la Xunta durante 12 años aún no está resuelto. Esta semana, según ha podido saber este periódico, la Fiscalía General del Estado pidió testimonio del pleito civil por el impago de la renta, iniciado por el dueño de la vivienda, que se saldó con acuerdo tras el compromiso de pago del exfiscal jefe de Ourense.

"Es una decisión desproporcionada y que obedece a intereses que desconozco. Voy a recurrir ante el Ministerio de Justicia y, si es necesario, ante el juzgado del contencioso. Esto solo lo puede arreglar un juez", decía Delgado tras su suspensión cautelar, cuya tramitación finaliza el 24 de este mes. En la comida despedida de sus compañeros fiscales y las funcionarias de Fiscalía, a finales de mayo, afirmó a los periódicos locales: "Me voy con la conciencia tranquila y un sabor agridulce. No es la situación en la que me hubiese gustado despedirme, por las formas".

Los 10 meses de suspensión son la consecuencia de la queja formulada por los abogados de la exedil Áurea Soto, que durante su ejercicio como edil de Urbanismo sufrió sucesivas querellas que encontraron, en su mayoría, eco del fiscal. La defensa del Florentino Delgado esgrimió "la falta de elementos suficientes" para sancionarlo, negando las acusaciones de los letrados.

Una actuación "contumaz"

La fiscal general considera que la inobservancia del deber de abstención de Delgado está probada por que abrió él mismo un expediente para resolver la queja de una letrada de Soto por su retraso en la causa del 10%. "Además, la actuación del señor Delgado ha de ser reputada como reiterada, sino contumaz". También se sanciona haber acordado "medidas coercitivas", con apercibimiento de detención, contra la letrada de la exedil, a la que abrió diligencias por un presunto delito de desobediencia. Plantear una queja en la Fiscalía, como hizo la abogada, "en modo alguno permite al fiscal la invocación de la posibilidad de detención", citándola de forma "reiterada". La fiscal general concluye que "supone una ignorancia inexcusable" .

Segarra aprecia una actitud de Florentino Delgado "despreciativa hacia la labor del abogado que ejerce el derecho de defensa". En esa línea de "presión" citó a declarar a una trabajadora del despacho, "absolutamente innecesaria por espuria". La fiscal general ve "una animadversión evidente y creciente hacia la letrada". Y concluye: "El desprestigio de la Fiscalía, de la que los ciudadanos esperan sean garante de sus derechos y del interés, dispone que la sanción sea proporcionada a la gravedad y daño causados"