El expresidente de la Diputación obró de un modo "personalista", "creyéndose más que el ordenamiento jurídico" y "saltándose a la torera" las normas. "Y en la administración pública, no se puede contratar a quien se quiera". Con esos argumentos, Florentino Delgado pidió una condena -y finalmente se produjo- contra el expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, sentenciado a 9 años de inhabilitación por 104 enchufes en el ocaso de su carrera, ante de que lo relevara su hijo. Aquel asunto multiplicó la relevancia pública del fiscal jefe de Ourense, natural de Burgos, destinado en la ciudad de As Burgas desde 2004 tras ser fiscal de Menores en Ciudad Real -es el cargo judicial más antiguo de Galicia-, y que en su trayectoria ha dirigido acusaciones contra todos los partidos.

Presentó querella contra excargos del BNG de la época del bipartito por el llamado caso de los paneles. Salieron absueltos. También sostuvo la acusación contra políticos del PSOE, como Pachi Vázquez, el exalcalde Francisco Rodríguez y la exedil de Urbanismo Áurea Soto, en procedimientos como el de las asistencias técnicas, en el que fueron condenados en primera instancia -la Audiencia Provincial estudia los recursos- otros dos excargos del bipartito.

Delgado no vio delito del exalcalde Manuel Cabezas en el caso del 10% por presunta malversación urbanística y defendió el sobreseimiento de la denuncia de una mujer contra el actual presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, por un presunto ofrecimiento de empleo a cambio de sexo. El fiscal jefe archivó sus diligencias de investigación. La causa llegaría a Instrucción 3 a través de una querella, pero fue archivada por la magistrada después de que la propia denunciante así como Baltar padre e hijo y el exjefe de Personal de la Diputación debieran declarar como imputados.

En octubre de 2018, Florentino Delgado registró una querella contra dos cargos de la consellería de Facenda, por presunto acoso inmobiliario a una nonagenaria inquilina del piso de la antigua Cámara de Propiedad, cuyo dueño es la Xunta. A principios de este mes, el juez archivó y la Audiencia Provincial acaba de ratificar el sobreseimiento. Uno de los cargos, la secretaria xeral de Patrimonio, había comunicado al fiscal que se marchara de su piso cuando la Xunta decidió que no asumiría más el alquiler.