Un sobre anónimo bajo la puerta, una investigación de la Unidad de Asuntos Internos en una causa antidroga de Vilagarcía con un pinchazo teléfonico a un policía que llevó al terreno de la política, y la rivalidad endémica del PSOE de Ourense como contexto principal. El presunto caso de espionaje en el partido, en el marco del proceso de listas para las elecciones generales de 2015, se juzgó esta mañana en la Audiencia Provincial de Ourense. La Fiscalía solicita 2 y 3 años y 6 meses de prisión para los dos presuntos responsables: un policía nacional ya jubilado y una aspirante al Senado en 2015, acusados de indagar supuestamente si un posible rival interno en la carrera electoral, en liza para el Congreso hasta que dimitió, que ya no es militante y ejerce la acusacion particular, tenía antecedentes policiales (finalmente salió absuelto). El agente, Enrique C., se acogió a su derecho a no declarar. La exaspirante a la Cámara Alta, Teresa T. C., sí optó por responder preguntas (salvo al perjudicado) y defiende su inocencia. "No hice una petición, pregunté si era un rumor o una realidad pero nada más. Porque si se presentaba igual sacaban esto en campaña", dijo.

Ella, que era secretaria de acción electoral en la organización, asegura que "comenté esa conversación y a partir de ahí me centré en la campaña política". El perjudicado, el abogado José A. Á., lleva a cabo él mismo la acusación particular. Solicita penas de hasta 6 y 7 años de prisión (mayor para el expolicía por su condición de autoridad), sumando al presunto delito de revelación de secretos que califica la Fiscalía el de calumnias o injurias. En la vista celebrada este jueves, casi cuatro años después de los hechos, comparecieron varios cargos del PSOE gallego, uno de ellos, María Quintas, ya no forman parte tras la escisión de la corriente del pachismo en Espazo en Común.

Las testificales señalan que los supuestos antecedentes policiales de José A. Á. llegaron a ser comentados en la organización. Para las acusaciones queda por tanto acreditado que la consulta existió y la intención era causar perjuicio. La diputada Pilar Cancela, que entonces era secretaria de Organización del PSdeG, asegura que María Quintas (número 2 del PSOE ourensano en aquella época) "me dijo si podíamos hablar sobre la lista de Ourense" con Raúl Fernández, el exsecretario provincial del partido, fallecido el pasado mes de junio. "Había un sobre encima de la mesa, con indicios o informes de que A. había tenido un conflicto con la Policía. Ni toqué el sobre, lo aparté", afirma.

Cancela preguntó a una de sus personas de confianza en el socialismo de Ourense, Alfredo García, si sabía algo. El regidor de O Barco y presidente de la Fegamp declaró hoy que llamó directamente a José A. Á. para salir de dudas y movido por la posibilidad de "tener problemas en la campaña, porque preocupaba que se hiciera público, ya que Pilar Cancela me habló de que le habían dicho que el PP lo sabía". El aludido le aclaró la situación: "Me dijo que estaba cerrado y trasladé la información", dijo el alcalde al tribunal.

Las defensas de ambos encausados solicitan la libre absolución o, en el peor de los casos, la aplicación de una atenuante de dilaciones indebidas por la demora del proceso. Pero fundamentalmente cuestionan la instrucción de este caso y solicitan la nulidad. Partió de una escucha al policía en un proceso en Arousa contra el tráfico de drogas. Los letrados entienden que las intervenciones relativas al presunto caso de espionaje en el PSOE no contaban con la debida autorización. En base a la doctrina del 'árbol envenenado', sostienen que todo el proceso judicial ha de ser nulo.

En su informe, el perjudicado censuró a sus antiguos compañeros de partido: "Me parece repugnante y por ser mediocres merecen estar en el banquillo. Se han proclamado finalmente electos de una única candidatura, la de la condena". La Audiencia Provincial de Ourense dictará sentencia.