El Concello de Ourense ha sacado esta semana a concurso por un importe de 4,1 millones de euros el contrato para la prestación de ayuda a domicilio, un servicio que está en precario desde el pasado mes de abril y acotado por las limitaciones del presupuesto municipal (prorrogado desde 2014) y la nueva Ley de Contratos en el Sector Público, que no permite ampliar el número de horas de asistencia.

Estas "restricciones", señala la edil de Asuntos Sociales, Eugenia Díaz Abella, no pesarán sobre la nueva concesión que ahora está en fase de concurso, dado que el gobierno local ha empezado a trabajar ya con el presupuesto para 2020. Además, el pliego de condiciones del servicio contempla un margen mucho mayor a la hora de fijar un máximo de horas de asistencia tanto en régimen de dependencia como de libre concurrencia. El número de usuarios fluctúa y se actualiza semanalmente, con una cifra media en los últimos meses de unos 600 usuarios en la capital.

Según las condiciones recogidas en el pliego, la previsión de horas que se van a prestar al año, y a partir de las que se realiza el cálculo del precio, es de un total de 250.704 horas. La responsable de Asuntos Sociales explica que bajo estos criterios recogidos en el nuevo contrato, una vez que se adjudique el servicio de ayuda a domicilio podrá extenderse a una media de 25.000 horas mensuales, lo que supone incrementar la cobertura casi un 30% respecto a las 18.000 de promedio que se están prestando en la actualidad. "El anterior mandato hizo un esfuerzo máximo, pero hasta donde pudo llegar con lo que permitía la ley; nuestra apuesta ahora es aumentar el número de horas porque es una demanda de la ciudad y un servicio fundamental para una población cada vez más envejecida", señala Díaz Abella.

La adjudicación del nuevo contrato, explica la concejala, permitirá aliviar la lista de espera que ha generado el servicio. "Al estar el contrato en precario no disponemos de más horas de atención y sólo podemos incorporar un nuevo usuario si hay una baja, por eso es necesario renovar la concesión", señala. El objetivo de "lista de espera cero" no es fácil, señala, porque la población está cada vez más envejecida, y apunta que todas las ciudades tienen espera, "pero tenemos que tender hacia la menor lista posible, la atención a la dependencia es vital dentro de los servicios sociales y vamos a apostar por ello".

La concejala insiste en el esfuerzo realizado por el anterior gobierno y pone sobre la mesa la evolución creciente del número de usuarios atendidos por este servicio. Afirma que desde 2015 la cobertura a personas con certificación de dependencia se ha triplicado. "Cuando se aprobó la ley partimos con 5.500 horas de asistencia y pasamos a unas 14.000", señala.

El plazo para presentar ofertas finaliza el 22 de octubre y la duración del contrato será de dos años, con posibilidad de prorrogarlo dos años más. El importe base de la licitación es de 4.126.594,15 euros, de los cuales 3.132.498,75 corresponden a los gastos de personal. El precio unitario de la hora se ha fijado en 16,46 euros.