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El TSXG confirma la anulación de un concurso interno para 69 plazas en la Diputación

El gobierno provincial informó a los grupos políticos del plazo de dos meses para ejecutar la sentencia - La CIG interpuso la demanda

Baltar, en la presidencia del pleno provincial. // Iñaki Osorio

La sala especial del TSXG ha confirmado la anulación del concurso interno convocado por la Diputación de Ourense en 2016 para la promoción interna de 69 funcionarios. La resolución judicial, que el portavoz del gobierno provincial, Plácido Álvarez, comunicó a los grupos políticos al final de la comisión especial de Contas e Facenda es firme, por lo que tendrá efecto directo sobre los empleados de la institución que obtuvieron un ascenso.

El diputado portavoz explicó que la institución tiene ahora dos meses de plazo para ejecutar la sentencia, si bien avanzó que solicitará un informe a los servicios jurídicos sobre como actuar ahora que el alto tribunal gallego ha desestimado de forma definitiva el recurso de casación que la Diputación presentó contra la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense, con fecha del 2 de octubre de 2017.

La demanda la interpuso en su momento la CIG , alegando que las bases vulneraban el principio de igualdad y no discriminación. Entendía el sindicato que limitaban el acceso a las plazas ofertadas creando un "ámbito cerrado" por medio del cual solo tenían acceso "aquellos que ya estuviesen desempeñando con carácter previo los puestos de trabajo ofertados". El juez le dio la razón y ordenó anular las bases reguladoras y la convocatoria del concurso ordinario a través de una sentencia que ahora ratifica el TSXG.

La CIG recordó ayer que esta resolución "es la cuarta que nos da la razón" y advierte de las consecuencias incidiendo en que la Diputación tiene dos meses de plazo para cumplir lo dispuesto y anular la convocatoria. De lo contrario, "podemos solicitar la ejecución forzosa e incluso que se impongan multas coercitivas a los responsables políticos".

El sindicato explica que corresponde a la presidencia de la Diputación dictar la anulación de las bases y del concurso y, "consecuentemente, anular también las 69 adjudicaciones de puestos de trabajo y de categorías realizadas a favor de los funcionarios que participaron en ese concurso, atribuyéndole la categoría, sueldo y puesto que tenían antes del concurso". Asimismo, señala la CIG que los 69 trabajadores "deberán volver a sus puestos de origen y perder los beneficios que irregularmente le atribuía la Diputación".

Presupuesto

El portavoz del PP dio a conocer esta sentencia en la comisión informativa en la que se dictaminó, con reproches de la oposición, el presupuesto de la Diputación para 2020, que se eleva a 85,7 millones y que irá al pleno del día 27.

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