La Audiencia sentará los próximos días 18 y 19 en el banquillo a J.L.F.A., exempleado de una sucursal bancaria de Entrimo que llegó a ascender a director, acusado de apropiación indebida y falsedad documental. El Ministerio Fiscal solicita una pena de seis años de prisión por, presuntamente, aprovecharse de la confianza de sus clientes para adueñarse de los fondos de sus cuentas. Ocurrió entre los años 1998 y 2015, generando un perjuicio a los clientes y a la entidad (que restituyó el dinero en las cuentas de los perjudicados) de 1,5 millones de euros. Dicha cantidad se exige en el escrito de acusación en concepto de responsabilidad civil, además de 31.700 euros para uno de los clientes afectados.

La causa procede del Juzgado de Instrucción número 1 de Bande. El fiscal sostiene que el acusado, "guiado por el propósito de procurarse un beneficio económico", se aprovechó de la confianza de sus clientes y, en un período de 15 años estableció una "dinámica" en la que se vieron afectados 14 clientes.

Así, según el relato de la acusación, el empleado y después director de la oficina, supuestamente realizó disposiciones indebidas de fondos depositados en cuentas de los clientes sin su consentimiento ni autorización y, presuntamente, se apoderó de cantidades entregadas en efectivo por los clientes que no fueron registradas en sus cuentas bancarias. Asimismo, añade, el acusado habría realizado también pagos de extratipos por los fondos depositados por los clientes al margen de los contabilizados por la entidad bancaria.

Sostiene el Ministerio Fiscal que el acusado "cimentaba la confianza con sus clientes" entregándoles como soporte documental de su inversión o depósitos, cartillas originales de la entidad bancaria en las que realizaba, valiéndose de una máquina de escribir, diferentes apuntes contables de la inversión inicial y el posterior abono de intereses. De esta forma, prosigue, conseguía mantener su confianza. No obstante, estas libretas reflejaban movimientos que no coincidían con la contabilidad del banco.

Asimismo, añade la acusación, el acusado, presuntamente, expidió boletas bancarias selladas justificativas de la comercialización de productos de inversión o de ingresos bancarios efectuados por los clientes que no se correspondían con la realidad de sus posiciones registradas en la entidad bancaria.