Junio de 2019. Terminado el curso escolar en un colegio de la ciudad, medio centenar de jóvenes decidieron alquilar uno de los locales de la ciudad para celebrar la graduación de final de curso.
Una joven fue la encargada de recoger la voluntad económica de sus compañeros y certificar con un propietario el contrato por el cual se establecía que esos jóvenes tenían a su disposición un local del centro de la ciudad durante horas.
Ellos debían pagar seis euros cada uno por entrar a la fiesta que habían montado, ascendiendo el importe total a 300 euros y disponiendo de todo tipo de bebidas alcohólicas dentro del establecimiento. Los menores de edad empezaron a beber ya en una cena que hicieron cerca del casco antiguo y prosiguieron la fiesta en el devandito lugar.
Allí dentro, según fuentes civiles, se bebió, se consumió drogas y se fumó dentro del local. Para muchos supuso un bautismo de alcohol y drogas, que se puso en constancia de la Policía Autonómica que archivó la denuncia ante la negativa de los padres y madres a que sus hijos e hijas declarasen. Este tipo de fiestas son recurrentes sin ningún tipo de castigo, ni administrativo ni penal.
