La empresa concesionaria del servicio de limpieza de los colegios públicos de Ourense, servicio que depende del Concello de la capital, ha dicho adiós a días vista del inicio del curso. Esto ha provocado que las 45 trabajadoras de limpieza acudieran a sus respectivos, colegios a realizar su trabajo el día 2, ante la inminencia del inicio de curso y estuvieran limpiando "sin saber que no estaban contratadas", lo que supone "un clara situación de ilegalidad por parte del gobierno local", denunció el portavoz del grupo socialista.
Rafael Rodríguez Villarino daba a conocer esta situación que pone en un brete al Concello de Ourense, a pocos días del inicio del curso escolar, y le ha obligado a tomar una decisión de urgencia, hacer una adjudicación eventual, al no prosperar las negociaciones con OHL, la empresa concesionaria de la limpieza de los colegios de la ciudad. El contrato de esta caducó, prestaba este servicio en precario, y había mostrado de forma reiterada su intención de abandonar.
Moción de urgencia
Pese a que la concejal de Educación, Teresa Rodríguez, anunció que se garantiza que se contratará de forma eventual a la otra empresa que había quedado en su día de segunda en este concurso ahora ya caducado, la situación es grave, y el PSOE ha presentado una moción de urgencia al pleno de mañana viernes para abordar este tema y garantizar una solución a este grave problema, pues afecta a los alumnos de todos los colegios públicos del municipio de la capital.
La situación ha generado "un escenario que nunca se produjo en Ourense", según el PSOE, con 45 trabajadoras y trabajadores responsables de las tareas de limpieza que están "desarrollando su función sin contrato laboral, y sin estar aseguradas en la Seguridad Social" y algunas de estas personas "están trabajando y percibiendo el desempleo, mientras que otras que fueron conocedoras de la ausencia de contrato al consultar su vida laboral comunicaron su baja en esta percepción a la Red de Atención Telemática (RATEL) del Servicio de Empleo Estatal ( SEPE) al objeto de incorporarse a su puesto de trabajo dejando de recibir tal subsidio", indica el PSOE.
Cualquiera que fuera su situación "estos trabajadores desconocía, hasta hace unas horas, que no estaban contratadas por ninguna empresa, figurando en una gravísima situación de ilegalidad no asumible para una administración pública, y que constituye un serio riesgo para la seguridad laboral".
El actual gobierno local ya tuvo una reunión para solucionar este problema heredado, pero OHL "se negó a seguir", explica el PSOE, porque consideraba ilegal aceptarla prórroga incrementando el importe de la concesión. El PSOE afirma que "nos acercamos a los 100 primeros días de gobierno," y cree que el bipartito al menos el PP, conocedor del problema, "debería haber buscado solución".
