"Están privados de libertad pero siguen teniendo el resto de derechos y realmente hay un desamparo importante. Lo avanzada que está una sociedad se mide, entre otras cosas, por cómo se garantizan los derechos de las personas reclusas. Debe seguir habiendo ojos que entren en la prisión", defiende la abogada Marta Soto, integrante de la Comisión de Asesoramento Xurídico-Penitenciario de Ourense, un equipo formado por una docena de letrados que ayuda y asesora a los internos en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar. Su labor es semanal durante todo el año -se reúnen los martes y acuden a la prisión los viernes-, y gratuita.
En un año, la Caxpou -una de las primeras en implantarse en España, en los noventa- hizo 1.509 asistencias (el 83,4% a reclusos nacionales y el 16,6% a extranjeros) tras recibir 1.779 solicitudes. Un mismo preso puede requerir varias asistencias. Tramitan quejas sobre los permisos o las clasificaciones en grados, así como solicitudes de justicia gratuita, o lo que en el argot se conoce como 'los triples': peticiones para limitar el cumplimiento efectivo cuando existen varias condenas. También asesoran y orientan a los reclusos sobre su derecho a un abogado. Además son su enlace con los letrados que llevan sus procesos. "A veces averiguamos qué causas tienen pendientes, qué abogados los representan y les facilitamos el teléfono para que se puedan comunicar. Muchos entran en prisión y están perdidos", afirma Marta Soto.
La comisión no percibe ningún tipo de retribución. Los compañeros asumen el coste de los desplazamientos a la cárcel. El Colexio da Avogacía de Ourense da soporte cuando, por formación, tienen que acudir a reuniones en otras ciudades. "En Ourense fuimos de los primeros de España y ahora lo que se está procurando es que en todos aquellos lugares con un centro penitenciario existe una comisión. Lo más bonito es el trabajo que hacemos", destaca José Manuel Losada. "La mayoría en España tienen retribución del turno de oficio, y algunas incluso subvención por parte de diputaciones", dice Soto.
"En mi caso personal, mi motivación es que mi profesión me gusta y veo que mis conocimientos pueden ser aplicados. Nos encontramos a gente que no sabe casi ni leer, que son analfabetos funcionales, a extranjeros con dificultades, a personas que no tienen nada en el exterior y para quienes algo tan sencillo como un cambio de domicilio resulta dificilísimo. Además, los centros tienen un número de funcionarios insuficiente para dar servicio a tanta solicitud", dice Losada.
Más allá de los trámites habituales, sobre permisos y grados, el equipo de asesoramiento jurídico ayuda y guía al recluso con sus inquietudes que surgen dentro y fuera de prisión. "Puede haber problemas de alimentación, quejas por temas médicos, que se produzca un embargo por una reclamación, o cómo resolver una herencia", enumera el abogado. "No somos una gestoría administrativa pero intentamos ayudarlos con el papeleo, no solo en asuntos penitenciarios sino en otros temas que tengan. Entran en la cárcel por una causa penal pero a algunos les viene un asunto administrativo y no entienden qué está pasando, o no saben leer y escribir".
Escasez de personal médico
La comisión se reúne los martes. "Vemos lo que se ha atendido y nos distribuimos el trabajo. Uno o varios se encargan de estudiar algún asunto, otros de hacer alguna gestión, todos cambiamos impresiones, nos contamos cosas de determinadas materias?" Los viernes, durante todo el año sin que afecte el parón de agosto de la mayoría de operadores jurídicos, dos abogados del equipo acuden a la prisión de Pereiro de Aguiar. Atienden a los reclusos durante toda la mañana. "Hasta hace poco entrábamos en los módulos, donde había una dependencia y podíamos tener contacto directo con el preso. Desde hace unos cuatro o cinco años lo cortaron y solo podemos verlos por locutorio, con un cristal de por medio. Pierdes el contacto más humano", opina José Manuel Losada. "El trabajo es más complicado y menos rápido que de la forma presencial", añade Marta Soto.
El trato con los reclusos, escuchando sus quejas y problemas, hace que la Caxpou vea "con independencia" las carencias de la administración penitenciaria. "Ha habido problemas recientes con tratamientos, cursos que tienen que hacer y que no se promocionan porque no hay medios. Ahora mismo Instituciones Penitenciarias no tiene los medios suficientes. No se pueden denegar permisos por no hacer tratamientos cuando no se los están proporcionando. Los propios funcionarios se están quejando de falta de personal médico, porque no hay recursos o porque no se asignan. Nuestra intervención es difícil en ese caso, se escapa de nuestro ámbito", dice la letrada.
La incomunicación
"En el centro penitenciario cuentan con juristas pero están excedidos y tienen un margen de actuación que nosotros no. Además nosotros disponemos de una mayor libertad. A veces se quejan contra la institución en la que están presos y se desahogan. Servimos en parte como un desahogo. Nuestra labor les vale también como salida. Nos convertimos en ocasiones en el único vínculo aunque no sea una cosa que busquemos. Pero a veces somos el único contacto exterior porque no tienen a ningún familiar, porque están fuera de su ciudad, son extranjeros, han venido del sur de España o los han trasladado", señala José Manuel Losada.
Cualquier asunto administrativo requiere trámites, a veces farragosos, más si se está en prisión. "La vía electrónica, por ejemplo, es algo completamente impensable en el ámbito penitenciario. A la gente dentro se le ha cortado la comunicación, no existe una facilitad de poder contactar. La ley general penitenciaria buscaba una externacionalización, hacer las cárceles transparentes, pero la realidad es que no es posible. La persona está incomunicada y las necesidades de contacto con el exterior se multiplican por diez", subraya Losada.
"Hai que ter en conta que o preso, aínda que entre a cumplir unha condena, fóra deixa a súa vida e vai ter os mesmos problemas que unha persoa que estea libre. Ao mellor ten que se divorciar, arranxar o réxime de visitas cos fillos, dar de baixa un teléfono, facer fronte a un desafiuzamento porque deixou de pagar o alugueiro porque entrou en prisión, pero aínda ten as súas cousas na casa...", expone Gabriela Prol, integrante de la Caxpou desde 2006. "Se nós non chegamos a subir a eles ninguén lles axudaría nese aspecto, parece que só estean cumprindo unha condena".
En un centro penitenciario hay internos cuya situación personal complica aún más la vida entre rejas durante uno o varios años. Además de personas que padecen dolencias crónicas, hay reclusos que tienen discapacidades y enfermedades mentales. "Se intenta siempre mediar en cuanto al tratamiento, asesorando al recluso. A veces faltan informes médicos de fuera y es necesario que lleguen al centro para que se les pueda administrar el tratamiento que necesitan. Muchas veces no es porque Instituciones Penitenciarias no quiera. Hay problemas también con citas médicas a las que no los bajan. Intentas ayudarlos en la medida de lo posible", describe la comisión.
