Los 4 policías antidroga de Ourense y los 9 presuntos traficantes implicados en la operación Zamburiña, con los agentes acusados por la Fiscalía de una supuesta protección a sus confidentes, disponen de diez días hábiles para formular por escrito sus argumentos de defensa con el objetivo de ser absueltos o de que la pena se atenúe. La diligencia de emplazamiento fue notificada este miércoles por el juzgado de Instrucción 1 de la ciudad, el que asumió la investigación a cargo del Grupo VI de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. El plazo empieza a contar hoy. Descontados los fines de semana así como agosto, que no es inhábil para la instrucción pero sí registra un parón a efectos de notificaciones, el día límite para que los acusados presenten sus escritos de defensa es el 10 de septiembre. Hasta entonces tienen de margen los 11 abogados designados. El juicio ante la Audiencia Provincial se prevé para principios de 2020.
En la diligencia notificada a las partes, la letrada de la administración de justicia acuerda, además, la devolución del dinero intervenido a un investigado inicial contra el que se sobreseyó la causa el pasado 2 de mayo en el auto de apertura de juicio oral, dictado por el magistrado Leonardo Álvarez contra 13 acusados. Recuperará 6.050 euros incautados en el momento de su detención y 41.300 euros intervenidos en el registro de su domicilio, en Verín. En cambio, para volver a disponer de un coche que también le requisaron tendrá que dirigir la petición a Asuntos Internos.
El juzgado da traslado en formato digital de todas las actuaciones de la Zamburiña, que comenzó en 2014 tras la desaparición de seis armas en el búnker de la comisaría de Ourense, y que fue desgajada en 2016 en una causa independiente, después de que el magistrado concluyera que no existía ninguna relación entre dos de los grandes capítulos de la trama policial.
La Zamburiña es la causa sobre la comisaría más próxima a juicio. La Fiscalía, apoyada en Asuntos Internos, acusa a 4 agentes y 9 presuntos traficantes, pidiendo entre 6 y casi 8 años de prisión para tres de los policías. En la otra gran investigación sobre la Policía Nacional de Ourense, la que esclarece la muerte del agente Celso B. A. en abril de 2016, la Fiscalía apoyó este martes por escrito la petición de sobreseimiento de la defensa de los gemelos investigados, Roy y Bernardo D. L.
Asuntos Internos puso el foco en la comisaría provincial hace casi 5 años, tras la desaparición de pistolas en el búnker, en agosto de 2014, y la recepción de un anónimo en noviembre de 2014. Pidió intervenir teléfonos y, de mano de la Fiscalía y del juez Álvarez, siguió tirando del hilo hasta desatar un vendaval en la comisaría de Ourense, en noviembre de 2015, con la detención del exjefe antidroga, Antonio R. F., otro policía de la unidad, Felipe M. A., más la investigación de otros dos agentes del grupo: Herminia Mercedes C.G. y José Antonio R.F. Este último va a juicio acusado solo de revelación de secretos. Se enfrenta a una petición de 5.400 euros y a 2 años de inhabilitación.
La Fiscalía solicita una condena de 7 años y medio para el exjefe antidroga, acusado de presuntos delitos contra la salud pública, revelación de secretos y omisión de perseguir delitos. Pide para Felipe un total de 7 años y 9 meses -añadiendo una acusación de tenencia ilícita de un arma que carecía de la guía obligatoria- y para la mujer policía, 6 años y 3 meses. Según el magistrado, estos policías, "no dirigen ninguna investigación" sobre los presuntos traficantes implicados, "siempre a cambio de obtener información que les permitía completar con éxito operaciones contra personas que les hacían la competencia". Los agentes niegan trato de favor y censuran la investigación de Asuntos Internos. Relacionan su causa con los anónimos y la supuesta fabricación de pruebas en su contra. El exjefe antidroga sigue siendo acusación contra los gemelos en la causa sobre la muerte del policía Celso B.A.
Los 13 encausados de la Zamburiña afrontan penas que suman en su conjunto casi 100 años de cárcel. Entre los presuntos traficantes implicados la principal es Josefa P.G., alias Pucha, acusada de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de una defensa eléctrica (catalogada como un arma prohibida), para quien la fiscal solicita la pena más abultada: 13 años de prisión. El juez asegura que "llegó incluso a vender cocaína a sabiendas de que la misma se encontraba en mal estado". Desde hoy empieza a correr el plazo para que las defensas de los 13, policías y presuntos traficantes, den sus argumentos y rebatan esta acusación.
