Desde el mes siguiente a la muerte de su tío y durante 12 años, una ourensana de 70 años cobró la pensión de jubilación de su familiar, entre mayo de 2005 y enero de 2017. Ingresó con ese fraude un total de 127.136,47 euros, de los que el banco devolvió a la administración pública 42.935,40 y después se los reclamó a ella, con intereses. La mujer se confiesa autora de un delito continuado contra la Seguridad Social. Se libra de entrar en prisión -acepta año y medio- gracias a la devolución de la cantidad pendiente de reintegro a las arcas públicas, 84.201,07 euros. La acusada, perceptora ella ahora de una pensión de jubilación, depositó en una cuenta del juzgado 100.000 euros, para saldar la deuda y para empezar a pagar, además, la multa que impondrá la condena: 63.600 euros más.
Estos son los términos del acuerdo de conformidad al que han llegado el fiscal, Miguel Ruiz, la encausada y su abogada. El juez también procesó al marido, de 74 años. Finalmente queda como partícipe a título lucrativo, "sin que esté acreditado" que "conociera el origen ilícito" de esos ingresos, según zanja el pacto alcanzado entre las partes. La condena de conformidad, que aún tendrá que ratificarse en los próximos meses en una vista en la Audiencia Provincial, reconoce a la encausada la circunstancia atenuante muy cualificada de reparación del daño. Ni la mujer ni el hombre tienen antecedentes penales antes de este caso. La investigación corrió a cargo de la sección de Seguridad Social de la UDEF de la Policía Nacional, con sede en Madrid.
El tío de la acusada falleció el 30 de abril de 2005 en Ourense, ciudad a la que se había trasladado, desde Murcia, para que su sobrina se encargara de cuidarlo. Residió con el matrimonio en su domicilio. El señor recibía su pensión en una cuenta bancaria de la que la encausada era autorizada. El escrito de conformidad, que serán los hechos probados de la condena que acepta, relata que, "con ánimo de enriquecerse injustificadamente", perjudicando a la Seguridad Social, no comunicó el fallecimiento de su tío "para seguir percibiendo en la cuenta en la que estaba autorizada las pensiones que periódicamente iban ingresando, desde mayo de 2005 hasta enero de 2017", según expone la Fiscalía.
Para sus "gastos corrientes"
El matrimonio percibió de forma indebida 127.136,47 euros de la Seguridad Social. Destinaron el dinero a sus "gastos corrientes durante todos estos años".
Una vez detectado el fraude, se dio de baja la prestación que fue a nombre de un fallecido durante 12 años que la administración aún daba por vivo. La entidad financiera, tal y como obliga un Real Decreto de 1995 y una orden de 1996, reintegró a las arcas públicas la cantidad de 42.935,4 euros, correspondientes a las mensualidades de los últimos 4 años de cobro ilegal por parte de la acusada: el periodo entre mayo de 2013 y diciembre de 2016, más enero de 2017. Según fuentes del caso, una vez asumido ese pago, la entidad reclamó la cuantía a la mujer. Se los pagó con anterioridad al acuerdo de conformidad en el proceso penal.
El 19 de junio de este año, la acusada consignó en la cuenta del juzgado de Instrucción 1 de Ourense -el que llevó las diligencias- un total de 100.000 euros para hacer frente a la devolución pendiente, de 84.201,07 euros. La mujer depositó más dinero para que exista un remanente para ir afrontando la multa adicional, una vez empiece a ejecutarse la sentencia. Además, durante 3 años y 6 meses pierde la posibilidad de obtener subvenciones y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad Social.
