13 de julio de 2019
13.07.2019
Un documento clave para el desarrollo urbanístico y económico

La Xunta insta al Concello a completar el PXOM pero el gobierno aún estudia anular la aprobación en junta

La Consellería requiere la corrección de "deficiencias" tras la luz verde provisional del PP en mayo -DO y su socio dialogan para decidir si ese trámite se anula para ir a pleno, y a la vez se retira el recurso ante el TSXG

13.07.2019 | 02:30
Vista de la ciudad de Ourense desde el campanario de la catedral. // Brais Lorenzo

El documento del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que el anterior gobierno del PP, liderado por Jesús Vázquez, aprobó de forma provisional en una junta de gobierno, el pasado mes de mayo, se remitió a la Xunta -asegura la administración autonómica- con "algunhas deficiencias de carácter formal, como a ausencia de dilixencia no documento", así como también con carencias documentales: sin planos o determinada documentación. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda requiere al Concello de Ourense para que complete el PXOM antes de poder emitir el informe preceptivo y vinculante previo a la aprobación definitiva. Pero ese trámite tal vez no sea necesario. El gobierno local aún está estudiando anular la controvertida aprobación provisional de un documento que, según el interventor, contaba con "alteracións substanciais do modelo de planeamento", por lo que el funcionario encargado de la fiscalización aconsejaba una nueva exposición pública. En cambio, el anterior gobierno esgrimía, entre otros, el informe favorable del asesor jurídico y el aval del Consello Consultivo para impulsar el plan en la junta local, no en el pleno, donde se encontraba en minoría.

Qué hacer con aquella aprobación en junta es una decisión que tendrá que poner de acuerdo a los dos actuales socios, PP y DO, que en el anterior mandato confrontaron por esa cuestión. Los de Gonzalo Jácome recurrieron ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que admitió a trámite la acción. Los populares siguen gestionando Urbanismo en la actual corporación. Los dos actuales aliados decidirán si la aprobación provisional se anula para someterla a pleno -donde la luz verde está garantizada, por la mayoría absoluta de PP y DO-, y a la vez si se retira el recurso interpuesto ante el Tribunal Superior.

La seguridad jurídica

A preguntas de este periódico, desde el área del PP aseguraban ayer: "Acabamos de recibir esta mañana el requerimiento y a partir del lunes se revisará para cumplirlo en la forma que se estime oportuno". Otras fuentes del ejecutivo apelan a que la aprobación provisional en el pleno concedería una mayor seguridad jurídica al documento. No es un asunto menor en una ciudad que lleva una década con el documento urbanístico de referencia -marco del desarrollo urbano- obsoleto. Después de que el Supremo tumbara el anterior, de 2003, el plan vigente data de 1986. Solo algunas modificaciones puntuales han permitido algunas intervenciones, actualizando algunos ámbitos.

Hasta que el gobierno adopte la decisión política, la Xunta ya ha movido ficha. La Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo emitió "un requerimiento de integridad documental" al plan. Comunica al Concello la "necesidad" de completar el expediente remitido para poder emitir el informe previo a la aprobación definitiva.

La aprobación provisional en junta de gobierno local se produjo el 2 de mayo, a 24 días de las elecciones municipales. El documento se remitió a la Xunta el 14 de junio, un día antes de la constitución de la corporación y el nombramiento de Jácome como alcalde.

Las peticiones de la Xunta

La Dirección Xeral comprobó en plazo de un mes la documentación remitida por el Ayuntamiento, "e detectou algunhas deficiencias de carácter formal, como a ausencia de dilixencia no documento; e documental, como a falta de documentación e planos, que deben ser subsanadas polo Concello".

La administración autonómica "invita" a que se complete el documento "e facer as correccións que se sinalan". Una vez cumplido el trámite -y siempre supeditado a la decisión de PP y DO sobre anular o no el trámite de la junta local de mayo-, deberá remitirse a la consellería para que emita el informe. El plazo de la Xunta es de tres meses desde la entrada del expediente sin carencias. El aval de Medio Ambiente es el último paso antes de la aprobación definitiva, que corresponderá al Concello.

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