La Audiencia Provincial levantó el secreto de sumario que se mantenía sobre una pieza, limitó los delitos sobre los que podía investigar por cuestión de competencia, fijó un plazo máximo de instrucción de 18 meses -que sitúa el fin de la causa en enero de 2020- y ahora insta a la magistrada de Instrucción 3, Eva Armesto, a que concrete los indicios que aprecia en la causa sobre la muerte del policía Celso B. A. en la comisaría de Ourense -el 9 de abril de 2016, de un disparo-, dicte una resolución y deje de reiterar ciertas diligencias. La sala provincial de apelaciones, órgano superior al juzgado, considera que la instrucción dirigida por la jueza Armesto es "inquisitiva y general".
Así lo expresa: "Seguir interesando continuas ampliaciones de diligencias que no han ofrecido resultado a la investigación convierten a la misma en una investigación inquisitiva y general, vedada en el ámbito penal". La Audiencia de Ourense se pronuncia en esos términos en un auto que da la razón a Fiscalía y defensa en sus recursos contra una providencia, de 17 de diciembre, en la que la jueza acordaba un análisis pericial, por parte de la comisaría de Vigo, del ordenador en el que trabajaba el fallecido. La intención era profundizar en la autoría de los anónimos.
En resoluciones anteriores, la Audiencia ya había especificado que, de toda la trama policial que rodea a la comisaría de Ourense desde 2014, la jueza Armesto solo es competente para indagar sobre el presunto homicidio. Del robo de armas -sin autor investigado aún- se encarga el juez Leonardo Álvarez, de Instrucción 1, así como de la operación que se desencadenó a partir de la sustracción del búnker: la Zamburiña, con 4 policías antidroga de la comisaría acusados de una presunta protección a traficantes, sus confidentes. La causa por supuestas injurias de los anónimos recayó en el juez Luis Doval, de Instrucción 2, quien declaró la prescripción del delito. La UDEV de la Policía Judicial concluyó en un atestado que el fallecido y los gemelos investigados por el presunto homicidio, Bernardo y Roy D. L., habían participado en la trama de las armas y los anónimos. Asuntos Internos contradijo a la UDEV, de la que señala en un informe sus "errores de apreciación que afectan gravemente a las conclusiones".
En medio de esa complejidad policial, la Audiencia Provincial reitera que la competencia de la jueza Armesto está acotada: "La instructora funda la pertinencia de la diligencia interesada en la investigación de otros delitos no objeto de instrucción", señala la sala. En el mismo auto, de fecha 4 de julio y cuya ponente ha sido la magistrada Ana María del Carmen Blanco, el tribunal provincial discute el porqué de la diligencia sobre el ordenador. "Se conviene con la instructora en que con la diligencia interesada no se agota la investigación del delito de injurias o calumnias, si bien se discrepa de su parecer en la utilidad y pertinencia de la prueba". Porque, según continúa la resolución, "pese a lo dilatado de la instrucción, los diversos informes periciales no han podido concretar la hipótesis que se baraja" , es decir, que Celso B. A. fuera víctima de un homicidio.
La defensa pide el archivo
La acusación particular de la familia del agente mantiene que fue un crimen. Por el contrario, en un amplio informe que analiza el recorrido de la causa, el grupo VI de Asuntos Internos apunta a una causa suicida. "A juicio de este equipo investigador no existen suficientes indicios para sospechar que implique una etiología homicida". La semana pasada, el abogado de los policías gemelos investigados, Roy y Bernardo D. L. solicitó, de nuevo, el sobreseimiento.
Desde que el agente Celso B. A. apareció muerto de un tiro con una de las seis armas robadas -otras dos estaban en el despacho-, la magistrada Eva Armesto durante 21 meses, bajo secreto. En enero de 2018, ordenó la detención de los gemelos, amigos de la víctima. En julio de ese año los citó y endureció las medidas cautelares tras aparecer su ADN en un sobre con pólvora bajo el cadáver. La Audiencia Provincial relajó fianza y comparecencias. Hace varias semanas, ordenó levantar el secreto de una parte del proceso que aún se mantenía reservado, y además acotó el horizonte temporal máximo para seguir investigando: la causa deberá finalizar antes del 21 de enero de 2020. En el auto de 4 de julio, el máximo órgano judicial de Ourense ordena a la jueza: "Debe en consecuencia irse perfilando el acervo indiciario con el que se cuenta y plasmarlo en la consecuente resolución que impulse el procedimiento". Si Armesto decide abrir juicio, la causa debería adaptarse a la ley del jurado puesto que los homicidios se resuelven con tribunal popular.
