"Estoy indignado y ya empiezo a estar cansado. No todo vale. Por que haya sido político o me dedique a la política no pueden estar todo el día zarandeándome y llamándome 3 días antes de las elecciones. Sorprendido de estar aquí 16 años después de un acuerdo de junta de gobierno, 12 años después de dejar el gobierno y 8 años después de dejar el ayuntamiento". Así verbalizaba Javier Rodríguez Nóvoa el malestar por ser citado junto a otros 5 exediles el 23 de mayo, en pleno cierre de campaña, por el caso del 10%, que determina si hubo malversación por que el Ayuntamiento no hubiera exigido a determinado promotores ese porcentaje para fines públicos entre 1999 y 2003, un supuesto perjuicio para las arcas que el Consello de Contas cifró en 1,65 millones de euros.. Uno de los afectados fue Enrique Nóvoa, Poli, exedil de Urbanismo. En contestación a un recurso, la fiscal considera ahora que la acción contra él por presunta malversación está prescrita. El plazo es de 15 años y cuando fue citado el pasado marzo ya habían transcurrido. Ahora deberá resolver la jueza Eva Armesto.
De la misma situación podrían beneficiarse los 5 exediles citados en la misma fecha, y que comparecieron el 23 de mayo, así como los dos que deben hacerlo el lunes: Vicente Alonso y Mario Guede, quien es el actual concejal del PP con competencias en Deportes.
La fiscal Carmen Eiró -sustituye en esta causa al exfiscal jefe Florentino Delgado tras su expediente de la Fiscalía General- ve legitimada a la exedil del PSOE Áurea Soto para ejecutar la acusación popular -subsanó su errónea personación inicial con una querella- y considera suficiente una fianza de 500 euros, no de 82.500, al menos un 5% de la cantidad supuestamente defraudada, como pedían el exalcalde Cabezas -aún investigado- y el propio Poli Nóvoa. La cifra no puede ser "un obstáculo insalvable" para ser acusación popular ni causar "indefensión", subraya la fiscal.
