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La acusación ligada al PSOE ve infracciones constitucionales, de ley y forma en la absolución de Rogelio Martínez

Registra la preparación del recurso al Supremo

La Asociación para o Progreso do Ribeiro, ligada al PSOE e impulsada por el exsenador y exalcalde de Ribadavia Miguel Fidalgo, llevará el caso contra Rogelio Martínez hasta la instancia final, al Tribunal Supremo. La acusación popular ha registrado en la Audiencia Provincial un escrito de preparación del recurso de casación. En él anticipa sus argumentos para que el alto tribunal revoque la absolución del exalcalde de Arnoia -a quien la causa afectó políticamente siendo delegado de la Xunta- y otros tres encausados. Martínez lamentaba tras su exculpación el daño "personal y político" que ha sufrido desde que el proceso se abrió en 2006.

La Audiencia Provincial de Ourense califica de "palmario" que las obras subvencionadas en 1999 con fondos europeos del plan Leader II no se correspondían con el proyecto ejecutado y la certificación, pero no aprecia pruebas de que los acusados tuviesen conocimiento de los trabajos hechos ni de las irregularidades. El letrado José Arcos representa a la acusación. Ve en la sentencia varias infracciones de principios constitucionales y de ley, así como quebrantamientos de forma.

Subraya varios errores en la valoración de la prueba, como periciales clave, y cuestiona que el tribunal anunciase tras las cuestiones previas la absolución de 7 acusados iniciales, por prescripción, "sin que a esta parte se le hubieran dado las razones de dicha exclusión más que en la sentencia". La acusación entiende que "existe una unidad delictiva y no cabe apreciar la prescripción aisladamente mientras no prescriba el delito más grave o principal". Entiende que la sala debió continuar con el juicio a esos acusados "y no privar a esta parte de la prueba de confesión de los acusados o, en su caso, de su examen como testigos".

Arcos discute también que no se le haya permitido acusar e interrogar por prevaricación, un delito que la Audiencia Provincial descartó del juicio ya que fue excluido en el auto de apertura, que el letrado ve "parcialmente nulo y manifiestamente injusto.

La acusación ligada al PSOE se queja de una "denegación indebida de pruebas" así como "de real y efectiva indefensión por los retrasos injustificados en la instrucción por la posición mantenida por las defensas y por el Ministerio Fiscal, manifiestamente dilatorias del proceso". Denuncia "presiones e injerencias con la finalidad de que se abandonara la única posición de acusación". Las dilaciones "fueron relevantes" para la absolución.

Sobre la postura de la Fiscalía, el letrado expone en su escrito: "No hay que olvidar que uno de los principales acusados, don Rogelio, ostentó un cargo relevante de la Xunta a nivel provincial y que, al parecer, el fiscal jefe de Ourense, que actuó en las presentes actuaciones salvo en el acto del juicio oral, por habérsele impuesto una medida de suspensión cautelar en un expediente disciplinario, está siendo investigado por haber disfrutado de un inmueble para uso propio que supuestamente pagaba la Xunta".

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