La exconcejala de Urbanismo del PSdeG, Áurea Soto, denunció en 2014 presunta malversación en Ourense por que no se hubiera exigido a ciertos promotores el 10% de sus aprovechamientos para fin público, entre 1999 y 2003. Un perjuicio que el Consello de Contas cifró en 1,65 millones. A finales de mayo, la exedil tuvo que presentar una querella para que se regularizara su personación como acusación popular en el procedimiento. La magistrada que lleva la instrucción, Eva Armesto, fijó 500 euros de fianza. El exalcalde Manuel Cabezas, uno de los diez investigados de aquel gobierno del PP -dos exconcejales declaran en julio-, recurre en contra de la admisión de la querella de personación para reiterar falta de autoría, causa de prescripción y reclamar, al menos, que la caución impuesta a Soto para que pueda acusarlos sea más elevada.
"La admisión a trámite de la querella es totalmente extemporánea, si se consideraba que la denunciante debía presentar querella por los hechos que denuncia no pudo tener la intervención que tuvo durante todo el procedimiento y sólo está legitimada a partir de este momento, y puede sostener desde este momento la acción penal no antes", dice el abogado de Manuel Cabezas, que pide tumbar el caso. "El auto intenta salvar de forma extemporánea y muy a posteriori la falta de legitimación de la denunciante desde el inicio del presente procedimiento casi cinco años después de la denuncia, lo cual debería dar lugar a la nulidad de todas aquellas actuaciones en las que intervino". Además, esgrime la prescripción. La última junta de gobierno de Cabezas fue en 2001 y la querella se admite ahora en junio de 2019. Considera la parte que ya que se denuncia un perjuicio de 1,65 millones, la fianza debería ser "muy superior, ascender al menos a un 5% de tal responsabilidad civil, es decir, 82.500 euros".
El exedil Enrique Nóvoa registra un recurso, en la misma línea, contra la personación de Soto.
