El caso de presunto fraude de subvenciones de la Unión Europea que ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial al exalcalde de Arnoia y exdelegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez (PP), quedó ayer visto para setnencia. Este juicio se celebra veinte años después de la recepción de fondos del Plan Leader II concedidas a la sociedad Actuar SL para la construcción de una planta de biomasa y la puesta en marcha de cinco talleres de artesanos en el municipio del que era regidor, proyectos sobre los que, siete años después, el Agader detectó irregularidades.
La causa implica a tres personas más, Pablo F. L., secretario del Concello de Arnoia; Juan Emilio A. E., gerente del Centro de Iniciativas para el desarrollo del Val do Miño (Ceivam), creado para la captación de fondos comunitarios y del que era presidente Rogelio Martínez; y Gumersindo Á.R., representante de la empresa Actuar SL.
La vista que comenzó la pasada semana se cerró con los informes de las partes, críticas de las defensas por la dilación del procedimiento y de la acusación popular por supuestas "presiones e injerencias", y el alegato final del imputado Rogelio Martínez que atribuyó la causa a un intento de la oposición de "cercenar" su carrera política: "Si yo no estuviera aquí no habría caso", señaló en su derecho a la última palabra.
Previamente, las partes habían realizado la exposición de sus informes, confirmando la Fiscalía su petición de absolución para los cuatro acusados frente a los 16 años de prisión que solicita la acusación popular para tres de ellos y 10 para el cuarto.
El Ministerio Público, sentando junto a las defensas, argumentó prescripción y falta de pruebas delictivas de tipo penal. Por su parte, la acusación popular ejercida por la Asociación para o Progreso do Ribeiro, ligada al PSOE, ratificó la modificación en su escrito inicial de acusación que señala al exdelegado de la Xunta y entonces alcalde de Arnoia y presidente del grupo de acción local Ceivam como presunto responsable de los delitos malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad en documentos oficiales, pidiendo un total de 16 años de prisión.
Sostiene la acusación que los imputados, a través del Ceivam, actuaban con un 'modus operandi' consistente en "autoconcederse subvenciones a través de la sociedad interpuesta Actuar SL", a pesar de ser conocedores de que la planta de biomasa ya había sido ejecutada, y que los artesanos no cumplían los requisitos para la concesión de las ayudas". Critica el letrado, además, que el daño sólo se reparó "cuando la Audiencia Nacional dictó sentencia firme en 2009".
Las defensas, por su parte, alegaron "falta de concreción" en el relato de los hechos realizado por la acusación popular y pidieron la absolución o, si se dictase condena, la aplicación de atenuantes muy cualificadas de reparación del daño y dilaciones indebidas.
El abogado de Rogelio Martínez apreció "falta de veracidad" en la narración de los supuestos hechos delictivos y censuró la falta de concreción en el escrito de acusación "de la que es difícil defenderse". El letrado del secretario del Concello de Arnoia, Pablo F.L. señaló que a este sólo le correspondía comprobar que los expedientes estaban completos y no si las obras se ejecutaban conforme al proyecto. La defensa de Juan Emilio A.E. destacó que las modificaciones que pudieron realizarse sobre "no alteraron la finalidad" y que la planta tuvo actividad, por lo que niega el fraude: "No existen razones ni material probatorio suficiente, por lo tanto, procede la absolución", indicó.
Por último, el letrado de Gumersindo A.R. niega el "carácter instrumental" que la acusación popular atribuye a Actuar SL y defendió el "destino lícito" de los fondos europeos. Asimismo, las diferencias entre las certificaciones y la realidad, apuntó, "ya fueron resueltas en la vía administrativa".
El exdelegado de la Xunta, Rogelio Martínez, aprovechó su derecho a la última palabra para contestar a las "barbaridades" que, dijo, sostienen el relato de la acusación popular y que le sitúan ante una posible pena de prisión "con más años que quien da un golpe de Estado o un asesino". Sostiene que el objetivo de esta acusación, iniciada por el BNG de Arnoia (que posteriormente se retiró del proceso) y mantenida hasta la fecha por la asociación vinculada al PSOE tuvo por "única finalidad" cercenar su vida política.
"Falso relato"
En esta línea, Rogelio Martínez lamentó los "13 años de purgatorio, y de sufrir importantes daños personales, familiares, económicos y políticos por este asunto. Así, afirmó estar seguro de que "si mi persona no estuviera aquí no habría caso", y pidió al tribunal que atienda a los hechos investigados y las responsabilidades de cada uno de los actores, "y no el falso relato mantenido tanto tiempo por esta pseudo-asociación que no fue capaz de probar nada, pero no le importó llevarse por delante a profesionales y empresarios que pasaban por allí".
El exdelegado territorial también aprovechó para exculpar su actuación y la de los compañeros que se sentaron junto a él en el banquillo: "Lo único que hicimos fue dedicar nuestro tiempo y parte de nuestro patrimonio personal en crear actividad económica en nuestro entorno".
