El letrado de la acusación popular que representa a la Asociación para o Progreso do Ribeiro, José Arcos, incidió en sus conclusiones en el supuesto conocimiento que tenían los acusados de que los proyectos que impulsaban y para los que solicitaban las subvenciones del Plan Leader II "no cumplían los requisitos".

Destacó que los gestores del Ceivam implicados en el proceso, "todos ellos funcionarios públicos a efectos penales" y, "socios a su vez de Actuar SL" solicitaron un proyecto para la construcción de obra nueva de una planta de biomasa "y se autoconcedieron la subvención a pesar de conocer que ya había sido ejecutada antes de 2001, que no cumplía con las normas de Leader II y que nunca fue destinada a dicho fin, sino a otros como almacenamiento o depósito de restos de animales muertos procedentes de mataderos".

Recordó el letrado que el propio Rogelio Martínez relató durante su declaración que quizá era "demasiado pomposo hablar de una planta de biomasa", pero que "esa era la manera de conseguir la subvención. Seguramente con otro nombre no seríamos capaces", afirmó Martínez en la vista.

Señaló la acusación que los funcionarios firmaron los expedientes que dieron derecho a Actuar SL a cobrar la subvención. Sin embargo, a una construcción ruinosa preexistente "solo le añadieron tejas por encima, el enfoscado exterior de la nave y una planchada en el interior". En cuanto a las naves para los talleres de artesanos, indicó, "certificaron 65 millones de pesetas", y a pesar de que "había unidades de obras no ejecutadas, aprobaron y pagaron los fondos a los terceros solicitantes".